A partir de esta noche, los propietarios de móviles con tarjeta de prepago que no hayan facilitado a las operadoras sus datos personales, al encender sus teléfonos, se llevarán una desagradable sorpresa: no podrán usarlos. Eso sí, tendrán un mensaje de voz que les instará a pasar por los puntos de venta a dar su nombre en el plazo de seis meses y así poder recuperar su número y su línea.

Este es el acuerdo al que in extremis llegaron ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y los representantes de las principales empresas de telecomunicaciones después de constatar que, pese a los múltiples avisos, aún hay entre tres y cuatro millones de tarjetas no identificadas, como marca la ley.

La patronal de las operadoras, Redtel, lleva semanas solicitando al Gobierno una moratoria en la aplicación de la normativa de conservación de datos que obliga a las empresas a dar de baja las tarjetas prepago no registradas antes de mañana.

La medida no afecta a los clientes que compraron sus terminales después de octubre del 2007 (fecha en la que se aprobó la norma), ya que desde entonces se exige el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia a todos los interesados en comprar un teléfono. Las operadoras buscaban que al menos solo se suspendiera temporalmente la línea a los no registrados. El Ministerio del Interior rechazó en principio su petición pero Rubalcaba accedió ayer a una solución intermedia que calificó de "inteligente y equilibrada", porque tiene en cuenta los intereses de las empresas, del Gobierno y, sobre todo, de los usuarios.

DECISION A RAJATABLA Dicha salida pasa por la aplicación a rajatabla de la norma: se darán de baja todas las tarjetas telefónica anónimas, pero se concede un plazo de gracia de seis meses para que los usuarios que quieran recuperar su número se identifiquen en los puntos de venta. Deberán llevar un documento de identificación personal, en el caso de particulares, y la tarjeta de identificación fiscal, en el caso de las empresas.

Se calcula que el saldo no consumido antes de la desactivación puede rondar los 25 millones. Asimismo, las empresas de telecomunicaciones activarán un mensaje de voz que los usuarios rezagados escucharán siempre que intenten usar sus móviles para avisarles de que tienen que pasar por los puntos de venta. Interior ha hecho una concesión más: pese a que las tarjetas serán desactivadas, se podrá llamar al 112 en caso de urgencia, con el fin de no perjudicar especialmente a las personas mayores, el colectivo con más dificultades de acceso a las advertencias que se vienen haciendo desde hace meses y que, por tanto, puede verse más afectado con la aplicación de la ley.

Rubalcaba recordó que la norma busca acabar con la "opacidad" que permitía a los delincuentes usar los móviles para llevar a cabo sus fines bajo el anonimato, como puso de manifiesto, trágicamente, el 11- M. "Queremos impedir esa opacidad en las que se movían como pez en el agua parte de la delincuencia y el terrorismo", señaló. Y, consciente de los trastornos que puede generar a mucha gente, agradeció "el gran esfuerzo" que están realizando las operadoras y subrayó que la ley "lo último que quiere es perjudicar a los ciudadanos honestos".