La Comisión Nacional de la Energía (CNE) autorizó ayer a la italiana Enel la compra de hasta el 24,9% del capital de Endesa, pero imponiendo seis condiciones que solo serán revisadas cuando el Gobierno italiano modifique "los poderes de intervención" que ostenta sobre la eléctrica. El 32% de Enel es público y el Ejecutivo italiano impide que cualquier empresa controle más del 3% de su capital.

Por eso, el regulador energético, en nombre del "interés general" y de la "seguridad pública", exige a Enel que Endesa sea la matriz del grupo energético, con su domicilio y sus órganos de gobierno en España. Tendrán que dar prioridad a los "planes de inversión" comprometidos con actividades reguladas de transporte, distribución y "activos estratégicos" españoles. La CNE se reserva "la revocación de cualquier acuerdo" que perjudique el "interés general" o la "seguridad pública" española.

Pese a estas condiciones, Enel fue autorizada ayer a dar otro paso en el camino para hacerse con Endesa junto a su socio, Acciona. La italiana podrá comprar el 14,9% que tiene aparcado en los bancos de inversiones Mediobanca y UBS, con lo que su participación alcanzará el 24,9%. Sumada al 21% de la constructora de la familia Entrecanales, controlarán más de un 46% de Endesa y estarán más cerca de concretar los plazos de la opa. La oferta por acción es de 41,3 euros.

SEIS VOTOS A FAVOR La decisión de ayer de la CNE fue aprobada por seis votos a favor (cinco de consejeros próximos al PSOE y uno del PP) y tres en contra de los cercanos al PP. El texto está redactado bajo la influencia del sistema que los belgas han introducido en Bruselas, al imponer las condiciones a posteriori de cada operación de entrada.

El consejo del regulador obliga también a Enel a informar "trimestralmente" a la CNE sobre la evolución de la participación accionarial en Endesa y de la presencia de los italianos en los órganos de administración. Además, se reserva la potestad de revisar las condiciones de la autorización si "debido a circunstancias sobrevenidas" Enel llegara a alcanzar capacidad de "control exclusivo" sobre la eléctrica española.

Cada seis meses, la italiana deberá informar de la estrategia que desarrolla en Endesa, siempre en nombre del interés general o de la seguridad pública. Diez días después de cada consejo de administración o de la junta general, Enel debe enviar a la CNE los acuerdos adoptados y "el sentido del voto", en caso de que afecten al interés general.

La Comisión, en el plazo de un mes a partir de la celebración de la junta de accionistas, podrá revocar "motivadamente cualquier acuerdo" cuando estime que tiene un impacto negativo sobre la seguridad pública española, de acuerdo con los criterios que la llamada función 14 otorga a la CNE. Aunque antes tendrá que dar audiencia tanto a Enel como a Endesa.

La última condición impuesta por la CNE explica y justifica las anteriores. En ella se subraya que todas ellas podrán ser revisadas cuando el regulador español estime que "se han suprimido las limitaciones de acceso al capital social de Enel", así como "los poderes de intervención" que tiene el Ejecutivo italiano en la eléctrica.

DENUNCIA DEL PP El proceso de opa de Enel sobre Endesa ha desencadenado una denuncia de los populares ante la Fiscalía Anticorrupción. El secretario ejecutivo de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, y el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, explicaron ayer que el propósito de la demanda es que la Fiscalía investigue posibles delitos de "prevaricación, cohecho, negociaciones con empresas públicas y tráfico de influencias" por parte del Gobierno.

Ambos portavoces populares explicaron que, de este modo, ponen en marcha un procedimiento judicial que, según consideran, correspondía abrir "de oficio" al fiscal.

ASESORES DE ZAPATERO Los dirigentes del Partido Popular recalcaron que el dimitido presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, denunció el pasado martes en el Congreso "hechos de enorme gravedad" que la Fiscalía debería investigar. La denuncia pone en el punto de mira a los últimos responsables de la Oficina Económica de la Presidencia y al vicepresidente de la CNMV.