L la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha pedido al Gobierno que la nueva tarifa social del recibo de la luz para los hogares con rentas más bajas, que en principio entrará en vigor en enero del 2009, esté vinculada a su nivel de ingresos. La CNE propone que se fije un umbral de renta per cápita familiar y sugiere que se tome como referencia el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), hoy en día de 516,9 euros al mes.

El regulador ha optado así por la opción más compleja a la hora de definir la futura tarifa social. Otras posibilidades eran vincular esta tarifa a la potencia instalada o al consumo. La propuesta de la CNE se incluye en el documento remitido al Ministerio de Industria para la revisión de la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio del 2008, donde se plantea una subida media del 11,3%.

FRAUDE En la actualidad ya existe una tarifa social, la 1.0, para inmuebles con una potencia contratada inferior a 1 kilovatio. En realidad, ninguna familia puede acogerse a estos precios especiales, ya que el umbral es tan bajo que solo sirve para escaleras, trasteros, portales o bodegas. Cualquier vivienda con lavadora y televisión necesita más potencia, con lo que se debe acoger a una tarifa más cara (como poco, a la 2.0.1).

Además, según la CNE, la actual definición de la tarifa 1.0 se presta al fraude. El regulador propone que, aprovechando la desaparición en julio de las tarifas de alta tensión, de riego agrícola y la horaria de potencia, la tarifa 1.0 --que apenas es el 0,1% del consumo doméstico-- se incorpore a la 2.0.1 y que desde ahí se debata la nueva tarifa.

En este sentido, el organismo regulador fija ya su criterio. El coste de la tarifa social, sostiene, no debe financiarse a costa del sistema eléctrico, es decir, no se debe cargar en las otras tarifas. Además, según la CNE, la ayuda no debería suponer una reducción directa de la factura (podría ser subvención), para lograr que los consumidores sean conscientes de lo que vale la electricidad.

Por otro lado, la CNE advierte en el informe de que las tarifas domésticas deberían subir el 37,6% de media para acabar con el déficit tarifario (diferencia entre los costes empresariales y la retribución que reciben vía precios regulados, que llegará este año a 12.500 millones). El alza del 11,3% solo servirá para que esta brecha no crezca más.

La CNE, consciente de lo impopular de subir la luz, plantea quitar algunos costes de la tarifa actual para que el alza sea menor: los derechos de emisión, el plan de ahorro energético, las primas a las renovables, y el sobrecoste de la generación insular y extrapeninsular. De ser así, bastaría con un alza del 9,8%. Si también se suprime el impuesto de la electricidad o se reduce el IVA, bastaría el 4,5% o el 3,3%.