La Comisión Nacional de la Energía (CNE) decidió hoy recomendar al Gobierno que condicione la autorización solicitada por Enel para ejercer derechos políticos por encima del 3 por ciento en Endesa a la implantación de un derecho de veto que le permita proteger los intereses públicos españoles.
El Consejo de Administración de la CNE aprobó hoy el informe no vinculante solicitado por el Ministerio de Industria que servirá de base al Consejo de Ministros para decidir si autoriza a Enel a ejercer plenamente sus derechos políticos en Endesa, teniendo en cuenta que está participada por el Estado italiano. La CNE considera que, mientras persista la capacidad de intervención del Gobierno italiano, conceder la autorización a Enel sin condiciones podría entrañar "ciertos riesgos adicionales" sobre las actividades desarrolladas por Endesa que afectan a la seguridad pública energética en España, informó hoy el organismo presidido por Maite Costa. Por ello, el regulador energético considera "imprescindible" que se establezcan medidas que garanticen que Enel "no prime los intereses propios de la sociedad matriz y del Gobierno italiano en la adopción de decisiones estratégicas que afecten a la actividad de Endesa".
Derecho de veto "a posteriori"
En concreto, la CNE entiende que el Ejecutivo debería condicionar la autorización a la implantación de "un derecho de veto ex-post" (a posteriori) que le permita proteger los intereses públicos españoles cuando "de forma suficientemente motivada y a la vista de la información recabada, éstos se pongan en riesgo por decisiones de Enel".
Según el regulador energético, el Gobierno debería supeditar también la autorización a que Enel se comprometa a informar a la CNE, "cuando ésta lo considere relevante", sobre su estrategia corporativa, siempre que afecte "a los intereses esenciales de seguridad pública de España". El regulador subraya la conveniencia de que Enel promueva, a través del ejercicio de sus derechos en Endesa, políticas orientadas a atender "en primer lugar" las necesidades derivadas de los planes de inversión de Endesa.
La CNE considera que el Consejo de Ministros debería establecer medidas adicionales condicionadas a posibles cambios en la participación de Enel que puedan modificar la estructura de control sobre Endesa. La Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento para el año 2000, conocida como "Ley Rato", limita al 3 por ciento los derechos políticos de compañías extranjeras con capital público que tomen participaciones relevantes en empresas energéticas españolas. No obstante, el Gobierno puede levantar esa restricción teniendo en cuenta aspectos como el grado de liberalización del mercado italiano o la reciprocidad entre los dos países.
Aunque el informe de la CNE no es vinculante, el Consejo de Ministros lo tendrá en cuenta al adoptar su decisión. Por otro lado, el Consejo de la CNE decidió hoy pedir información adicional a la compañía estatal argelina Sonatrach antes de decidir si le autoriza a ampliar, del 20 al 36 por ciento, su participación en el consorcio Medgaz, que construirá un gasoducto submarino entre Argelia y España.
