El anteproyecto de ley de economía sostenible aprobado por el Gobierno amplía y refuerza el papel supervisor y de control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y sitúa a la autoridad bursátil prácticamente al mismo nivel que el del Banco de España. Una de las principales novedades se refiere al incremento de la transparencia en la retribución de los consejeros de las sociedades cotizadas.
La ley incluye la obligación de poner a disposición de los accionistas toda la información sobre las remuneraciones de directivos y ejecutivos. Además, se penalizarán fiscalmente las retribuciones variables para consejeros o directivos por un importe superior a los 600.000 euros. Las entidades financieras también estarán obligadas a hacer públicas sus políticas de remuneración referidas a empleados "cuyas actividades profesionales puedan tener impacto en sus perfiles de riesgo".
