La Comisión Nacional de Competencia (CNC), tras investigar la evolución de los precios de los alimentos, ha abierto expedientes sancionadores a varias asociaciones de la industria alimentaria por posibles prácticas restrictivas de la competencia.
La alimentación, con una subida anual del 7%, es el capítulo que más empuja al IPC (4,4% en febrero), excluido el transporte, que debido a la carestía del crudo aumentó el 7,3%.
La CNC, tras las denuncias de distintas asociaciones de consumidores y las informaciones aparecidas en la prensa, inició "de oficio" a finales de octubre las inspecciones de varias empresas y organizaciones del sector tras observar la tendencia al alza de los precios de algunos alimentos básicos. Una vez analizada la información, el organismo ha juzgado "improbable" demostrar la existencia de acuerdos explícitos entre los productores o comercializadores. Sin embargo, ha decidido abrir expedientes porque "las numerosas declaraciones y comunicaciones realizadas desde las asociaciones de empresarios del sector podrían tener por objeto o efecto restringir, limitar o impedir la competencia".
NOTAS Y DECLARACIONES Las asociaciones expedientadas son la Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas (FIAB) y siete asociaciones dependientes, la Organización Interprofesional de Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España (Propollo), la Organización Interprofesional del Huevo y sus productos (Inprovo) y la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado de Asturias, pese a que fuentes de la CNC no descartan expedientar a otras asociaciones de panaderos "en breve". A todas se les abre expediente porque sus "políticas de comunicación", "declaraciones" o "notas de prensa" podrían suponer una práctica contraria a la ley de la competencia.
"Ni se pueden pactar precios ni lo hemos hecho", afirmó el presidente de Propollo, Federico Félix, tras conocer la noticia. Félix añadió que solo "alertaron a la opinión pública de que el aumento del coste de las materias primas repercutiría en el precio de los alimentos".
Competencia ya ha notificado a todas las asociaciones expedientadas y ha abierto un plazo máximo de 18 meses para la instrucción y resolución de los expedientes. En caso de que se sancionen a las empresas y asociaciones, el monto de la multa dependería de factores como el daño causado en el mercado y al consumidor, el beneficio obtenido y la facturación, con una multa de hasta el 10% del volumen de negocio.
LOS CONSUMIDORES Las asociaciones de consumidores aplaudieron los expedientes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dijo estar "satisfecha" por la decisión, y recordó que la posible multa puede ser un "duro golpe" para las empresas, mientras que Facua exigió al Gobierno "contundencia contra los especuladores".
