El número de concursos de acreedores (antes declaraciones de suspensión de pagos) ha ido creciendo de manera exponencial durante este año, al mismo ritmo que se agravaba la crisis. Algo más de 38.000 trabajadores se han visto afectados por los 1.789 procedimientos iniciados hasta septiembre en los juzgados de lo mercantil. El problema que suscita a expertos y a sindicatos es si la ley concursal está protegiendo correctamente a estos asalariados --la parte más vulnerable-- que tardan entre 3 y 6 meses en cobrar los salarios adeudados.
El miércoles, el Consejo del Poder Judicial aprobó medidas para reforzar los juzgados mercantiles ante el aumento del trabajo por los procesos concursales. En el último trimestre aumentaron un 263% respecto al mismo periodo del 2007 y el Registro de Economistas Forenses calcula que se cerrará el año con más de 2.500 declaraciones de suspensión de pagos. Esta cifra elevaría a 50.000 el número de trabajadores afectados.
