El Congreso de los Diputados dio ayer un voto favorable casi unánime a las medidas urgentes del Gobierno para apoyar a los bancos y cajas de ahorros que supondrán poner a su disposición, de uno u otro modo, 150.000 millones de euros de dinero de los contribuyentes solo este año para sortear la crisis financiera internacional. Como dijo el líder del PP, Mariano Rajoy, "jamás un Gobierno en España ha tenido en su mano semejante poder económico y semejante capacidad de decisión". La cifra, equivale a 25 billones de las antiguas pesetas, es como duplicar el presupuesto del Estado para el 2009. A estas medidas se añade la decisión del Gobierno de ampliar la garantía sobre los depósitos hasta 100.000 euros por titular y entidad.

PSOE, PP, CiU, PNV, ERC, CC y UPyD dieron su apoyo a los dos decretos del Gobierno. En el primero se crea un fondo de adquisición de activos de bancos y cajas de 30.000 millones de euros, ampliables a 50.000 (para el 2008, se han dispuesto 10.000, ampliables a 30.000).

CONCESIONES En el segundo, se autoriza una línea de avales públicos de hasta 100.000 millones en el 2008 (para el 2009, otro tanto, como mínimo) para prestar la garantía del Estado a la deuda nueva que emitan bancos y cajas de ahorros para captar liquidez en el mercado interbancario y luego poder dar más préstamos a familias y empresas. También en este decreto, se habilita al Ministerio de Economía para entrar en el capital de bancos y cajas si hay un eventual problema de solvencia.

Tan solo cuatro votos (IU-ICV y BNG) y una abstención (Nafarroa Bai) evitaron dar el apoyo al primero de los decretos. El segundo de los decretos registró cuatro abstenciones. Todos los focos apuntaban ayer a Rajoy. Tras un fin de semana de intercambio de papeles entre los equipos económicos de Gobierno y oposición, y después de arrancar al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, el compromiso de adoptar sugerencias en el desarrollo reglamentario de ambos decretos, Rajoy dio su apoyo, con condiciones, a los decretos.

El PP explicó su disposición a votar los decretos "por responsabilidad", porque "se enmarcan en una acción global de la Unión Europea" y "por el interés general" de los españoles. "Creemos que, con todos los reparos planteados, son hasta el momento el único mecanismo diseñado para paliar los problemas de liquidez, y en su caso de solvencia, de nuestro sistema financiero. Esperemos que den los resultados buscados", dijo Rajoy. Pero, para no dar pie a equívocos, enseguida se volvió a colocar en su papel de líder de la oposición. Para atajar los problemas de los españoles, subrayó, las medidas son "necesarias, pero no suficientes", y reclamó "un plan de rescate" para familias y empresas.

DESCENSO DEL EURIBOR Diferencias aparte, el presidente del Gobierno agradeció el apoyo político y de los agentes sociales a las medidas y trató con guante blanco al líder del Partido Popular. También expresó un agradecimiento especial a CiU.

Zapatero destacó que, después del consenso logrado en la Unión Europea, el euríbor hipotecario ha bajado tres décimas en una semana, lo que supone 30 euros menos al mes en una hipoteca media. "Y lo razonable es que debería seguir bajando", apuntó. Así que "no digamos que las medidas no tienen un efecto directo e inmediato sobre los problemas de poder adquisitivo de las familias. Lo tienen y de qué manera", remató.

Al principal partido de la oposición, Zapatero le agradeció su actitud "responsable" y las propuestas realizadas. El presidente se comprometió a atenderlas en el desarrollo reglamentario de las medidas aprobadas.

SEIS REQUISITOS Rajoy exigió seis requisitos. La mayoría de ellos para aumentar el control, la transparencia y la eficacia del fondo, aprovechando las capacidades del Banco de España. Pero también pidió "concreción" sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda adquirir títulos para capitalizar bancos o cajas con problemas de solvencia. Hay que evitar cualquier opción a la "arbitrariedad" o a una "actuación puramente política", insistió Rajoy. También pidió que se exijan responsabilidades "por los posibles errores de gestión o los excesos cometidos" por las entidades.

CiU dejó claro que su apoyo no era un "cheque en blanco" y exigió transparencia y rigor en la gestión y control de estos flujos, aspecto al que también condicionó su apoyo ERC.