El escándalo de las millonarias primas pagadas por la aseguradora AIG sigue alimentando una guerra en EEUU, y el Congreso ha empezado a librarla con toda la rabia y fuerza posible para tratar de representar la indignación de los ciudadanos. Ayer, la Cámara baja aprobó una propuesta de ley que se anticipa como el primero de otros muchos pasos legislativos por venir, que si supera el resto de escollos burocráticos obligará a quienes reciban las controvertidas compensaciones a pagar el 90% de esos beneficios en impuestos.

Aunque AIG es sin duda la principal diana de la ley, aprobada por 328 votos a favor y 93 en contra, no es ni mucho menos la única. Y la norma afecta a todas las primas pagadas desde el 1 de enero a empleados de cualquier compañía que haya recibido más de 3.650 millones de euros y cuyos ingresos familiares anuales superen los 183.000 euros.

Ahora, el Senado estudiará otra propuesta en la que, a través de una combinación de distintos impuestos, los gravámenes a las primas pueden incluso superar ese 90%. Y para entrar en vigor deberán conciliarse ambas y superar otra votación.

Aunque no está claro si la ley llegará a ver la luz, el Congreso se está esforzando en mandar un mensaje a las compañías que reciben fondos públicos y en expresar públicamente la indignación de la ciudadanía. Y lo dejaron cristalinamente claro los congresistas en intervenciones como la de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, que dijo: "Queremos nuestro dinero de vuelta para los contribuyentes, y lo queremos ahora".

Mientras, el fiscal de Nueva York, Andrew Cuomo, mantiene su lucha contra las primas. El miércoles, Cuomo obtuvo luz verde de un juez para forzar a Bank of America a desvelar los nombres de los 200 ejecutivos de Merril Lynch que cobraron las compensaciones más altas cuando la firma estaba perdiendo miles de millones.