La posibilidad de contratar a trabajadores extranjeros en sus países de origen quedará suprimida en el 2009, salvo algunas excepciones, tal y como anunció ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. Esta iniciativa, inédita hasta la fecha, responde a la intención del Ejecutivo de dar prioridad en el empleo a los parados que viven ya en España.
Corbacho mostró ayer su asombro por las cifras de contratos suscritos con inmigrantes en origen desde enero de este año. Segun las cifras aportadas por el departamento que dirige, 88.180 extranjeros llegaron a España por este sistema.
La contratación en origen se utiliza cuando un empresario no encuentra personal en España para ocupar un determinado puesto de trabajo. Los servicios públicos de empleo elaboran cada año un catálogo de empleos de difícil cobertura para determinar qué trabajos son susceptibles de ser realizados por inmigrantes contratados en origen. El ramo de la hostelería utiliza mucho esta fórmula de contratación. Una importante cadena madrileña del sector se quejó de que necesitaba 200 trabajadores para ocupar puestos de panaderos y camareros que no encontraba en España.
El ministro de Trabajo no ve "razonable que con 2,5 millones de parados sigamos recurriendo a la contratación de extranjeros en origen". Aunque Corbacho dijo "entender" que existen algunos puestos de trabajo de difícil ocupación, "no es lógico que las empresas necesiten más de 88.000 extranjeros".
LAS EXCEPCIONES El ministro anunció que presentará al Gobierno una propuesta para "dejar la contratación en origen a cero" salvo puestos muy especializados y casos en los que existan acuerdos bilaterales de España con algunos países. El titular de Trabajo avisó también a los empresarios de que deberán acudir a los servicios públicos de empleo para cubrir sus necesidades de contratación.
El anuncio cogió por sorpresa a las organizaciones patronales y sindicales que acudieron ayer a la primera reunión del diálogo social presidida por Corbacho. El encuentro se centró en la constitución de la comisión que velará por la buena marcha de las mesas de negociación. Trabajo adquirió el compromiso de informar en 15 días sobre las medidas "a largo plazo" de reactivación económica y de ayuda a las pequeñas empresas aprobadas por el Gobierno. También se acordó presentar antes de final de año un plan para modernizar los servicios públicos de empleo y desarrollar el el Estatuto del Trabajador Autónomo.
