El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho ha dicho hoy que su voluntad y también "la sensibilidad" del Gobierno es intentar salvar "por encima de cualquier otra" la partida de 420 euros mensuales para los parados que hayan perdido la prestación.
Durante una entrevista en Radio Nacional, Corbacho ha subrayado que el ajuste que lleva a cabo el Gobierno hace que prácticamente no haya ni una sola partida que no sea analizada, pero ha asegurado que esta medida está cumpliendo una función social muy importante, por lo que defenderá que se mantenga.
"Los ajustes son muy duros pero espero que no se toque esta partida", ha señalado Corbacho, quien ha precisado que no puede garantizar que sea así cuando se elaboren los presupuestos para 2011.
En cuanto a las prestaciones por desempleo, el ministro ha considerado que "no deberíamos tocarlas de ninguna manera" porque, junto con otro tipo de prestación, constituye la red de protección social para quienes se han quedado en el paro. Destacó que, sin las mismas, "el clima social en la calle sería radicalmente diferente".
DESINCENTIVAR LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
El ministro ha defendido que cuando España empiece a salir de la crisis debe hacer una revisión en profundidad de las políticas pasivas de empleo en relación con las activas. Ha recordado que la situación de desempleo es de transición y que "a veces" ha existido la cultura de que se tiene derecho a la prestación de forma pasiva y estática. En su opinión, si se cobra el paro durante dos años se entra en riesgo de desincentivar la búsqueda de empleo y de que el trabajador se convierta en un parado de larga duración.
En relación a las causas del despido objetivo, uno de los puntos más polémicos de la reforma, ha dicho que durante la tramitación del decreto ley se enriquecerá el texto actual. Se considerará una situación de despido objetivo cuando una causa económica sobrevenida obligue a una empresa a hacer todos los ajustes pertinentes y después corra el riesgo de cerrar si no ajusta la plantilla de forma "objetiva, razonada y razonable" y el juez así lo certifice.
Con respecto a la reforma de las pensiones, ha insistido en que el objetivo es lograr que el máximo de personas estén el máximo tiempo en el mercado laboral con medidas como acercar la edad real de jubilación a la legal o incentivar el alargamiento de la vida laboral. Ha recalcado que pasar ya a alargar la vida laboral a los 67 años y mantener la política de prejubilaciones es "contradictorio" por lo que las empresas con beneficios que quieran hacerlo "están en su derecho" pero que paguen ellas a la Seguridad Social.
