La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, monopolizó ayer la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos al plantearle al vicepresidente Pedro Solbes las necesidades de financiación que tiene para llevar a cabo el Pacto Estatal por la Vivienda. Reclamó ayudas sociales, fórmulas tributarias y financieras que Solbes prometió concretar con otros ministerios implicados.

Dentro del pacto está la negociación de un nuevo plan de vivienda 2009-2012. Pero, a más corto plazo, Corredor desea comenzar "una promoción masiva de vivienda protegida" que requerirá a su vez "una masiva movilización de suelo público", actualmente en manos de ministerios, ayuntamientos y la propia Administración general del Estado. Esto requerirá agilizar la maquinaria que tramita informes y permisos.

Si el fomento de la vivienda protegida debe ayudar a reactivar el sector de la construcción, Corredor espera que 500.000 actuaciones previstas en el plan renove de eficiencia energética en edificios, y el plan de rehabilitación urbana puedan revitalizar muchas pequeñas empresas del sector y proveedores de materiales, muy afectados por la crisis.