El Gobierno hizo ayer un ejercicio de equilibrio entre las reivindicaciones empresariales y sindicales con una propuesta que a ninguna de estas dos partes le satisface del todo ni puede rechazar del todo. En el documento que resume el diálogo social mantenido en los dos últimos meses, propuso la posibilidad de subvencionar parte de los costes del despido para los nuevos contratos indefinidos de fomento del empleo. La indemnización por despido ligada a estos contratos se mantendría en 33 días por año trabajado, pero el coste para el empresario podría ser de tan solo 20 días si, según la propuesta del Ejecutivo, los otros 13 días son cubiertos por el Fondo de Garantía Empresarial (Fogasa). Esta fórmula sería transitoria, mientras dure la crisis.

Esta propuesta figura, con una confusa redacción, en los 14 folios que el Ministerio de Trabajo entregó a los representantes de la CEOE, CCOO y UGT. Entre los distintos modelos estudiados se encuentra el implantado en Austria y al que el documento se refiere explícitamente para "incrementar la estabilidad en el empleo y fomentar una movilidad laboral más sana".

POBLACION MAYOR Sin embargo, no concreta cómo sería su aplicación en el mercado español, con una población ocupada de 18,6 millones de personas frente a la austriaca, considerablemente más baja, de dos millones y medio. Para los sindicatos, esta diferencia no es baladí a la hora de su aplicación en España.

El texto del Ejecutivo propone a los interlocutores sociales que "valoren la oportunidad" de aplicar para los nuevos contratos de fomento de la contratación indefinida "con carácter transitorio y excepcional" medidas para apoyar la creación de empleo estable. Estas medidas ambiguas en su redacción "podrían inspirarse en la exención de una parte de los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos para superar situaciones económicas adversas que existen ya en nuestra legislación, sin afectar a los derechos de los trabajadores".

El Ejecutivo, representado por el Ministerio de Trabajo, considera que esto supondría una reforma del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, que prevé esta exención en el coste del despido para los empresarios, pero solo para las empresas de menos de 25 trabajadores. En la actualidad, el Fogasa se hace cargo del 40% de la indemnización. La nueva propuesta trataría de extender esta exención a todo tipo de empresas.

Uno de los primeros en defender un contrato por razones de crisis económica fue el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, que lo planteó durante una conferencia el 31 de marzo del 2009.

MALESTAR Los sindicatos consideraron que el documento, que ahora estudiarán con detenimiento, "tiene un perfil alejado del acuerdo y contiene ambigüedades". No ocultaron su malestar porque el ministerio hubiera dado, en rueda de prensa, más datos sobre la rebaja del coste empresarial del despido de los que dio durante la hora larga que duró la reunión.

De momento, UGT y CCOO lograron tiempo para que el acuerdo final contenga propuestas que satisfagan a las partes. Los contactos a tres bandas se prolongarán al menos un mes. Los aspectos más conflictivos como la negociación colectiva y la flexibilidad interna, que afecta a cuestiones como la jornada laboral, quedarán en manos de la negociación bilateral. "No estamos por abaratar el despido, ni suprimir sus causas ni acabar con la tutela judicial efectiva", comentaron Toni Ferrer (UGT) y Ramón Gorritz (CCOO).

Uno de los aspectos en los que hay más acercamiento es en las medidas para favorecer el empleo de los jóvenes entre 16 y 30 años. En este sentido, el Gobierno propuso incrementar "sustancialmente" las actuales bonificaciones para los contratos.