El rechazo al almacén subterráneo de gas que la empresa Escal UGS SL tiene previsto habilitar frente a la costa de Alcanar (Tarragona) y Vinaroz (Castellón) ha empezado a tomar fuerza. Los ayuntamientos y los partidos políticos han puesto en marcha la maquinaria administrativa para exponer su oposición y solicitar información y una toma de postura del Gobierno catalán dada la proximidad con la provincia de Tarragona --a menos de dos kilómetros-- de la planta de tratamiento de gas prevista por los promotores.

El Ayuntamiento de Vinaroz ya ha presentado sus alegaciones ante la subdelegación del Gobierno en Castellón. "Fundamentalmente se basan en los impedimentos urbanísticos, ya que el planeamiento impide una construcción de estas características a menos de dos kilómetros de suelo urbano", explicó ayer el alcalde de la población, Jordi Romeu (PSOE). Esas mismas bazas justificaron el resultado del informe urbanístico de idoneidad, redactado por el arquitecto municipal --a petición de la empresa--, que acabó resultando desfavorable al gasoducto.

Por su parte, Alcanar tiene previsto celebrar hoy al mediodía un pleno extraordinario para aprobar las alegaciones. "Nos basamos en criterios económicos, por las repercusiones negativas que tendría para nuestro turismo, y también en las afectaciones medioambientales", señaló el alcalde de esta población tarraconense, Alfons Montserrat (ERC).

PENDIENTES DE LA CONSEJERIA Ambos ediles aseguran estar pendientes de que la consejería de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana emita una declaración de impacto desfavorable a la obra. En Cataluña, el diputado socialista Joan Ferran instó en al Gobierno catalán y al departamento de Medio Ambiente a explicar su postura al respecto. El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, que veranea en la zona, exigió ayer "la paralización del proyecto".

El consejero catalán de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, explicó que su departamento espera tener la documentación para informar del impacto ambiental que pueda tener el proyecto sobre el territorio catalán, y recordó que "se produce sobre aguas de las que tiene competencias el Gobierno español".

Por su parte, unas 700 personas asistieron el martes en Alcanar a la asamblea constitutiva de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia. "Entendemos que la obra sea de interés para el Estado, pero es incompatible con un territorio que quiere vivir del turismo", dijo su portavoz, Lluc Ulldemolins, quien sostiene que el almacén, a 20 kilómetros de la costa, "es una bomba en potencia". Ulldemolins criticó el impacto visual y ambiental de la planta, cuyos terrenos, asegura, ya fueron adquiridos, en parte, en el 2003. La plataforma anuncia movilizaciones si la declaración de impacto ambiental es favorable.