Nunca nadie se había despertado con 10.000 millones de más. Es lo que le sucederá al Estado italiano a partir de este lunes, cuando los depósitos bancarios que llevan más de 10 años durmiendo pasen a ser propiedad pública, de acuerdo con una ley aprobada en el 2006.

Hasta entonces los importes de las cuentas corrientes inactivas pasaban a aumentar los beneficios del banco. Pero este lunes caduca el plazo para que los clientes distraídos, presuntos herederos de clientes difuntos o blanqueadores de dinero ilegal reclamen los importes de las cuentas, depósitos, pólizas de seguros, sociedades de inversión (SIM) o gestores del ahorro y banco postal. Una idea parcial del volumen financiero de la operación lo facilita Intesa-San Paolo, que ha recibido 13.000 solicitudes para despertar cuentas en letargo.

Adusbef, la principal asociación de consumidores bancarios, estima que en Italia existen unas 500.000 cuentas dormidas, a las que habría que añadir los otros tipos de depósitos bancarios. Algunos analistas han considerado que muchos de los depósitos podrían no despertar, por tratarse de importes ingresados secretamente por clientes que murieron sin revelarlo, o por ser cuentas de ahorro abiertas a bebés y niños que han sido olvidadas.

Un tesoro estimado entre 10.000 y 15.000 millones de euros, que en parte y por ley deberán ser destinados a resarcir a las víctimas de especulaciones financieras, como la quiebra del grupo alimentario Cirio, del lechero Parmalat y del timo de las obligaciones argentinas.

Los pobres, beneficiarios

Giulio Tremonti, ministro de Economía y Hacienda, ha manifestado la intención de añadir a la lista de los beneficiarios el millón de italianos pobres que próximamente deberían recibir una tarjeta social para comprar alimentos y pagar deudas.

La ley del 2006 impuso que los bancos enviasen una carta certificada, con acuse de recibo, a los clientes y que estos tuvieran seis meses para dar señales de vida. El plazo caducaba el 16 de este mes, en pleno ferragosto , cuando los bancos están cerrados, las ciudades vacías y las playas y montañas llenas de veraneantes. El importe que recabe el Estado será gestionado por un fondo nacional en el que participarán representantes del Consejo del Estado, del Ministerio de Economía, del Banco Central, del órgano de control de la Bolsa de Valores (CONSOB), del Tribunal de Cuentas, aseguradoras y consumidores.

Una vez caducado el plazo, los bancos tendrán todavía cuatro meses de plazo para devolver las cantidades al fondo nacional, durante los cuales los clientes podrán todavía reclamar los eventuales importes. Durante el último de estos cuatro meses, los bancos deberán publicar la lista de las cuentas en sus filiales y en internet.