La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) presentó ayer en los juzgados de Valencia la primera demanda colectiva contra los depósitos estructurados, un producto que combina un depósito a plazo fijo y un fondo de inversión. La demanda recoge un centenar de casos de clientes que vieron mermados sus ahorros en un 75% con la contratación de un producto de la antigua Caja Rural de Valencia, ahora Ruralcaja.
La demanda, según la asociación, se basa en la comercialización de un producto como imposición a plazo fijo que en realidad encubría una rentabilidad variable con un alto componente de riesgo. Para Adicae, los contratos de los depósitos estructurados "suelen ser oscuros, prácticamente incomprensibles para el cliente no especializado".
A finales del año pasado, varios clientes de Caja Rural de Valencia se unieron al comprobar que en sus contratos existían cláusulas abusivas y en los que se mencionaba expresamente que se trataba de imposiciones a plazo fijo. Tras unas pérdidas iniciales del 25%, dos años después de contratar el producto, los números rojos ascienden al 75% del capital invertido. Adicae considera que existen unas 800 familias "que todavía no son conscientes de su merma patrimonial".
MUTUAS LIGADAS A EUROBANK
Mientras tanto, las mutuas de previsión social ligadas a Eurobank continúan en el capital del banco pese a que la Dirección General de Seguros de la Generalitat de Cataluña pidió su retirada. También exigió que diversificaran la excesiva concentración en depósitos del banco. Norton Life, Personal Life y Caja Hipotecaria Mutual controlan un 5% del Eurobank y han emitido una parte importante de los productos que intentan rescatar los clientes a raíz de la liquidación de éste.
La Generalitat comenzó a aplicar medidas cautelares el 10 de mayo del 2002. En noviembre, éstas incluyeron en su plan medidas para la retirada gradual de depósitos y participaciones en Eurobank. Esto aún no se ha producido, aunque fuentes del banco señalaron que se espera a la próxima junta de accionistas para tomar la determinación.
El pasado lunes, Economía ordenó otra inspección. Según un comunicado oficial, la Generalitat tomará medidas legales, "si se constatan hechos que varíen la valoración efectuada" en el plan.
