Los empresarios han despedido a 57.520 trabajadores de forma improcedente desde que el Gobierno aprobó el decretazo de reforma del desempleo en junio, hasta octubre. Estos empleados perdieron el derecho a cobrar el salario de tramitación pese a que el Gobierno rectificó en el Parlamento la medida tras la huelga general del 20 de junio. El Ejecutivo se negó a que la enmienda que presentó en el Congreso tuviera carácter retroactivo. Los empresarios seguirán sin pagar salarios de tramitación hasta que el Parlamento apruebe la ley. También han caído el 4,86% las prestaciones del PER agrario.
