La fiscalía demostró ayer con cifras su intención de estrechar el cerco penal en los accidentes laborales. Los fiscales investigaron en el 2006 un total de 487 muertes de trabajadores como homicidios imprudentes, lo que supone que doblaron con creces los 204 del 2005. La Fiscalía General del Estado reitera la mano dura al señalar, en la memoria sobre su actividad en el 2006, que los índices de siniestralidad laboral son "tan indeseados como alarmantes" y exigen una respuesta legal acorde con el compromiso de un Estado social.

El aumento de las investigaciones sobre responsabilidades penales se produjo en un ejercicio en el que descendieron las víctimas mortales en accidente laboral de 990 a 966. La fiscalía abrió el año pasado 2.092 diligencias de investigación sobre prevención de riesgos laborales, que incluyen las 487 muertes.

Los fiscales abogan por una policía judicial especializada en siniestralidad y por la aplicación de los delitos de peligro sin necesidad de que se produzca el accidente laboral. En ellos se prevén penas de cárcel de 6 meses a tres años y multas de hasta 12 meses.