La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, confirmó ayer que titulares de 3.000 cuentas en Suiza han recibido "ya" un requerimiento de la Agencia Tributaria para que "pongan en orden" su situación. En una entrevista en TVE, Salgado dijo que, en la situación económica actual, "aún es más importante una señal" de que se combate el fraude.

Los requerimientos exigen a los afectados --algunos con varias cuentas-- que justifiquen si están al día fiscalmente sobre esos fondos o que, de lo contrario, presenten una declaración de la renta complementaria. La petición de Hacienda congela el plazo de prescripción (cuatro años) y es recomendable contestar para tener derecho a defenderse, según los asesores consultados.

Entre los implicados se encuentran algunas "personas importantes" y fortunas, pero también ahorradores más modestos o herederos de cuentas prácticamente inactivas, según varios asesores de implicados.

Fuentes próximas al fisco explicaron que la investigación de datos de los implicados comenzó hace seis semanas. El dispositivo se inició con discreción, tras obtener Hacienda información de las autoridades francesas procedente de documentos requisados a un exempleado del banco suizo HSBC, que robó datos de clientes de la entidad.

Si los afectados en la operación pueden demostrar que sus activos fuera de España tienen más de cuatro años --el plazo a partir del que prescriben las infracciones fiscales-- tributarán en el IRPF solo por los rendimientos (tipo del 18% si son rentas del ahorro anteriores al 2009, y hasta el 43% si son de otra naturaleza) más los intereses de demora y una multa del 20%, al tratarse de rentas declaradas con más de un año sobre el plazo.

Las autonomías con contribuyentes requeridos también les han mandado burofaxes para que justifiquen esos activos en el extranjero en el impuesto del patrimonio, cedido a las comunidades. El tributo, suprimido por el Gobierno, estaba vigente en los ejercicios que se investigan (2005, 2006, 2007 y 2008).

Si no pueden demostrar la antigüedad de las inversiones, pagarán por todas las rentas con recargos y pueden acabar con sanciones de entre el 50% y el 150% de la cuota.

Salgado destacó que los paraísos fiscales "se van a acabar", porque así lo han decidido las principales economías del mundo. Aseguró, a su vez, que los implicados en las cuentas de Suiza "tendrán la sanción y los recargos correspondientes". En Hacienda admiten que la operación está en una fase inicial y que, tras depurar la información, muchos implicados tal vez pueden demostrar que están al día con el fisco.

TRATO DE FAVOR La asociación que agrupa a los técnicos de Hacienda, Gestha, criticó ayer el "trato de favor" y de regularización "a la carta" para los afectados. "Los pequeños contribuyentes carecen de una segunda oportunidad para regularizar sus obligaciones con el fisco", afirma esta organización.

José María Mollinedo, secretario general de Gestha, aseguró ayer que, si los casos se hubieran detectado en una inspección, los defraudadores podrían acabar en actas con cuotas superiores a los 120.000 euros, umbral a partir del que se puede imputar un delito fiscal y, por tanto, sufrir una pena de cárcel.

Gestha evalúa denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción esta "falta de diligencia" de los responsables de Hacienda.