El Consejo de Economistas cifra el nivel de fraude fiscal en España en torno a los 26.000 millones de euros, una cifra sensiblemente inferior a los 75.000 millones que se desprenden de otros estudios internacionales sobre la economía española.

La estimación procede del estudio “Reflexiones sobre el fraude fiscal y el problema de las estimaciones, 20 propuestas para reducirlo”, presentado este jueves en la sede del Consejo de Economistas, y que ha sido ha sido elaborado por Jesús Quintas, exsubdirector de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, y por Jesús Gascón, exdirector general de Tributos, bajo la dirección de Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, y de Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf-Regaf).

CRITERIOS DE ESTIMACIÓN

La estimación de fraude fiscal en España parte de los cálculos del profesor austriaco Friedrich Schneider que sitúan en algo más de 160.000 millones de euros la economía sumergida en España (el 16% del PIB).

Según los autores del informe español, esta cifra se reduce a unos 100.000 millones si de la cifra inicial se excluyen las cantidades que nunca tributarían, por corresponder a contribuyentes que no tienen obligación de declarar por su bajos ingresos. “En el caso de un ‘mantero', su actividad es sumergida, pero no genera un fraude fiscal de este contribuyente pues seguramente no está sujeto a la obligación de declarar”, ha citado como ejemplo Jesús Quintas.

A partir de este ejercicio, los autores del informe presentado este jueves aplican un tipo medio de defraudación en el entorno del 25%. Así, para los economistas "la pérdida de recaudación se encontraría, con todas las cautelas, en torno a los 26.000 millones de euros después de realizar los necesarios ajustes", ha explicado Pich.

PROPUESTAS

Los expertos del Consejo General de Economistas han elaborado una veintena de propuestas para combatir el fraude fiscal, entre las que se encuentra "potenciar la utilización de medios de pagos electrónicos" que faciliten el control de operaciones, así como mejorar la forma de trabajar de la administraciones tributarias, instruyendo expedientes administrativos "más sólidos", y facilitar las regularizaciones "espontáneas" de acuerdo con el régimen general previsto en la Ley General Tributaria para las declaraciones que se presentan fuera de plazo.

También propone intentar reducir los tiempos de resolución en los procesos de revisión, tutelar de manera especial a los nuevos empresarios, hacer una "rápida difusión" de criterios interpretativos e intensificar la relación cooperativa.

Igualmente, ve necesario fijar objetivos de las administraciones tributarias a medio y largo plazo, potenciar la educación ciudadana a este respecto, potenciar la utilización de medios electrónicos e intensificar la cooperación internacional.