El principio de acuerdo en materia energética entre el Gobierno y el PP ha generado una oleada de "incertidumbre y malestar" en el sector. Además de por la suspensión de la subida de la tarifa, las grandes eléctricas están muy enojadas porque el Ejecutivo ha aplazado el recorte de las primas a las renovables que iba a aprobar antes del 1 de julio.
Sobre todo porque el Ministerio de Industria pidió hace tiempo a las principales compañías del sector que "presionaran" públicamente para que se rebajaran los incentivos a la energía solar, particularmente a la fotovoltaica. Así lo confirmaron ayer varias fuentes empresariales, que puntualizaron que ya lo estaban haciendo antes de haber recibido la petición por su propio interés.
El Ministerio lo negó. Tiene el mismo sentido, argumentó, que decir que Industria alienta a las renovables para atacar a las hidroeléctricas y a las nucleares, que las compañías verdes juzgan ya amortizadas.
BORRADOR Lo cierto, en cualquier caso, es que la expansión de las renovables resta peso a energías tradicionales que son claves en los resultados de las grandes eléctricas. Industria también está interesada en acotarlas, pues estima que las primas están generando una burbuja (alcanzaron los 6.200 millones en el 2009).
Esta burbuja, defiende Industria, provoca un desequilibrio en el peso de las distintas fuentes en la producción eléctrica. Y ensancha el ya de por sí enorme déficit de la tarifa (diferencia entre los costes del sistema y los ingresos de las eléctricas), que podría superar los 20.000 millones de euros al final de este año.
Industria ya había ultimado un acuerdo con el sector eólico y el de la solar térmica. Según algunas fuentes del sector, incluso había un borrador de nota de prensa conjunta. Le faltaba por pactar con las empresas fotovoltaicas, pero el acuerdo con el PP lo ha paralizado todo.
La otra gran decisión que se esperaba para estos días, pero que ha quedado aplazada sine die, es la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. El Ejecutivo y el PP han acordado consensuar la decisión, y en el sector se estima que este pacto favorece a Zarra (Valencia).
También podría beneficiar a Santervás de Campos y Melgar de Arriba (Valladolid) o a Congosto de Valdavia (Palencia). La situación, en este caso, es más compleja, ya que la Junta de Castilla y León ha condicionado su apoyo a que se revoque el cierre de la nuclear de Garoña (Burgos).
El líder del PP, Mariano Rajoy, condicionó ayer su apoyo a un pacto de Estado a que se anule la decisión, se amplíe la vida útil de las centrales, e incluso se permita construir nuevas plantas. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, criticó que se impongan unas "condiciones tan radicales" para el pacto. "No es un buen síntoma" sobre sus intenciones, remachó.
