Repsol ha decidido apostar por "esperar y ver". Es la opción escogida por la multinacional petrolera española ante la decisión del Gobierno boliviano de nacionalizar los recursos naturales del país. La razón es que dentro de un mes hay nuevas elecciones, esta vez al Parlamento. Pasado ese momento, es posible que todo se tranquilice. "En absoluto pensamos en marcharnos", aseguran en Repsol.

Las cosas no parecen tan claras en el BBVA. "No nos planteamos irnos, porque en estos momentos nadie nos compraría lo poco que tenemos en Bolivia". Y además, insisten en que en el negocio de las pensiones sigue siendo rentable. En Iberdrola no tienen problemas; ni siquiera han abordado el asunto. En Abertis tampoco tienen intención de abandonar el país. Los directivos de Abertis, al igual que los del BBVA, se habían entrevistado con miembros del Gobierno boliviano y estaban tranquilos, hasta que el miércoles pasado saltó la sorpresa de la revisión de las condiciones de las concesiones.

DIFERENCIA CULTURAL Uno de los ejecutivos consultados resume el pensamiento de la mayoría de ellos: "En el problema que nos ocupa hay mucho de diferencia cultural. Desde Occidente queremos que sean como nosotros, que se pongan corbata. Esa perspectiva puede ser un error". "Morales no ha dicho nada más que quiere parecerse a Venezuela en la reordenación del sector de hidrocarburos".

Entre los directivos de las empresas españolas prevalece la opinión de que la ofensiva de Evo Morales no tiene como objetivo desatar un conflicto con las compañías, sino mejorar la situación general del país e impedir que los recursos naturales bolivianos enriquezcan a terceros. El gas en Bolivia se paga a la mitad que en Europa, pero Argentina saca gas de allí para vendérselo al doble a Chile, aprovechando las tensiones fronterizas entre Chile y Bolivia.

El 2 de mayo, un día después de que el Gobierno de Evo Morales decretara la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, el secretario de Estado de Comercio, Pedro Mejías, telefoneó a la cúpula de las empresas españolas con intereses en el país andino: Repsol, Iberdrola, Abertis, el BBVA, Red Eléctrica (Redesa) y Unión de Explosivos.

CITA A la cita acudieron los expertos de estas compañías que siguen de cerca la situación. "El Gobierno solo quería escucharnos, pulsar nuestra opinión", explica uno de los asistentes. La situación era de desconcierto. Todos los presentes coincidieron en la necesidad de que "los equipos jurídicos de cada empresa" examinaran los resquicios del decreto. Había preocupación por la imagen que daban "los militares ocupando los pozos de petróleo". El encuentro buscaba recabar datos para el Gobierno y preparar el viaje del secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León. "Esa reunión fue la primera y la última", explican en Repsol y confirman las otras compañías. La inversión de Repsol en Bolivia asciende a 1.000 millones de dólares; el 1% del beneficio neto y menos del 3% del resultado operativo. Pero el riesgo concentrado allí supone el 16% de sus reservas.

El equipo jurídico que estudia la situación en la multinacional Repsol depende de ABB (siglas de Argentina, Brasil y Bolivia). "No existe contacto entre cada una de las empresas españolas afincadas en Bolivia", dicen en Repsol. Los intereses son diferentes. Es distinto depender del ministro de Energía e Hidrocarburos boliviano, Andrés Soliz Rada, un duro del equipo de Morales, que del vicepresidente Alvaro García Linera, "cerebro del régimen".

"El problema es que primero debemos de saber quién decide en el Gobierno y luego, cuál es el marco legal", subraya la petrolera con calma. En la mayoría de los países en los que extrae petróleo es socio de empresas estatales, como pasa en Venezuela y en Libia, por ejemplo.