Al diputado del PNV, Pedro Azpiazu, no le produce ningún empacho llamar "enmienda Florentino" a la iniciativa del PSOE que tiene como objetivo eliminar las limitaciones de voto en las juntas de accionistas. Con tal hiriente apelativo, Azpiazu señala a quien, desde su punto de vista, será el principal beneficiario de la iniciativa socialista. Florentino Pérez es el presidente de la constructora ACS y controla casi el 20% del capital de Iberdrola, directa e indirectamente. Los estatutos de Iberdrola incluyen un límite del 10% en los derechos de voto de cualquier accionista. Por eso, si se elimina esta restricción, Florentino Pérez, un empresario al que muchos sitúan en la órbita socialista, podrá mandar en Iberdrola, y eso no le gusta nada al PNV.

"No demos facilidades a que gente con espíritu especulativo, los tiburones, entren en la empresa, la troceen y la vendan", afirmó ayer Azpiazu tras lograr que la comisión de Economía aplazara al 6 de abril la votación de la enmienda presentada por el PSOE al proyecto de ley del Mercado de Valores.

Tan inusual claridad (cuando se trata de citar a empresas privadas por parte de políticos) fue aprovechado por la socialista Marta Gastón para decir que el PNV es "el único grupo que se ha retratado y se ha definido". El PNV plantea una enmienda para que las limitaciones al derecho de voto desaparezcan solo si un accionista se ha hecho con un porcentaje mínimo del 75% del capital tras haber lanzado una oferta de compra (OPA) a todos los accionistas. Tal como interpretan los socialistas esta contraoferta podría ser bautizada como "enmienda Sánchez Galán", pues con ella ganarían las tesis del actual presidente de la eléctrica que mantiene la sede en Bilbao.

Para sacudirse de la acusación de que su iniciativa es una enmienda "ad personam", como dice Joan Herrera (ICV), el PSOE repite que se trata de un compromiso electoral.

Más que las fobias, son la filias de CiU las que se reflejan en el espejo cóncavo en que se ha convertido la enmienda socialista. El diputado Sánchez Llibre presentó ayer una enmienda transaccional a la del PSOE que, en la práctica, supone que CiU apoyará la desaparición de los blindajes solo en las empresas cotizadas. Con tal propuesta, CiU defiende los intereses de la gran empresa familiar y, de paso, a la gran empresa de la burguesía catalana. Y no lo oculta. El PSOE está dispuesto a negociar. Por eso da por hecho que su iniciativa, tarde o temprano, saldrá adelante con los votos catalanes.

Frente a este espejo, el PP juega a la ambigüedad. Prefiere ver desde la barrera cómo PSOE, PNV y CiU se queman en una cuestión tan espinosa.