El nuevo ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, tendrá que afrontar las tareas que hereda de su predecesor Luis de Guindos, entre ellas, la revisión del cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno aprobará el 23 de marzo.

Según lo avanzado hasta ahora por Economía, dicho cuadro macroeconómico implicará una actualización al alza de la previsión de crecimiento para este año de al menos dos décimas, hasta el 2,5 %, inferior al registrado en 2017 (3,1 %).

Después de tres años con un avance económico por encima del 3 %, el titular de Economía se encontrará con una ligera desaceleración del crecimiento en lo que resta de Legislatura.

Con el país a punto de abandonar el procedimiento de déficit excesivo, el reto en este ámbito se centrará en controlar el nivel de deuda pública, que cerró 2017 en el entorno del 98 % del PIB, aunque por el momento los costes de financiación de esa deuda se mantienen en niveles históricamente bajos.

En el ámbito financiero, asumirá el reto de encontrar el mejor momento para retomar la privatización de Bankia, conseguir que el Estado deje de participar en el capital de la entidad y recuperar el máximo de las ayudas públicas inyectadas.

Ése era uno de los objetivos de su antecesor en el cargo, Luis de Guindos, que confiaba en que la venta de Bankia redujera la factura del rescate financiero para España.

La integración en Bankia de BMN, el grupo nacionalizado formado por Caja Murcia, Caja Granada y la balear Sa Nostra, debería hacer más atractiva la entidad a ojos de los inversores, así como el nuevo plan estratégico con el que prevé repartir más de 2.500 millones entre sus accionistas en tres años.

La intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy continúa siendo concluir la venta de Bankia antes de que acabe 2019, pero a día de hoy el Estado a través del FROB -el fondo de rescate español- sigue teniendo más del 60 % del banco.

Ante esto, el nuevo ministro de Economía tendrá que decidir si la privatización se acelera con la colocación de paquetes de acciones más grandes que hasta ahora o prorroga más allá de 2019 el plazo que se autoimpuso España para que el Estado salga del capital de Bankia.

Los vaivenes del mercado y la escasa revalorización en bolsa de Bankia en lo que va de año, a pesar de los ambiciosos objetivos fijados hasta 2020, no allanan claramente el camino para una venta entre grandes inversores, la opción preferida por el Gobierno.

Aún así el banco seguirá abonando dividendos cada vez más generosos y el Estado, como primer accionista, contará un año más con esta vía para seguir devolviendo fondos del rescate a sus socios europeos, que prestaron más de 41.300 millones.

Además, en junio expira el mandato del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y Economía deberá proponer un sustituto que será nombrado por el Consejo de Ministros.

En el capítulo de reformas pendientes, el ministro tendrá que aprobar la reforma de la ley del mercado hipotecario, que busca evitar que se produzcan los abusos del pasado, y decidir si retoma la ley que divide los organismos supervisores en cinco autoridades administrativas independientes.

También deberá resolver si reactiva la ley que liberaliza los servicios profesionales -aparcada desde 2014-, además de profundizar en la legislación para la unidad de mercado