El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, comprometió ayer la aportación de 500 millones de euros hasta el 2012 para paliar las consecuencias del alza de los precios y propuso elaborar en los próximos meses una Carta de derechos de la seguridad alimentaria.
Este monto financiará fondos que intentarán mejorar a corto plazo la protección social de los pequeños agricultores y programas para menores de 5 años de los países afectados. A medio y largo plazo, España participará en un plan para desarrollar las zonas rurales en América Latina y Africa, y un programa de intercambio de tecnología en el sector agrario y pesquero.
"Ojalá esta crisis sirva de aldabonazo en las mentes de los más egoístas y poderosos, ya que en sus manos está que los niños dejen de morir", dijo en el plenario de la cumbre de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma. Zapatero recordó que España fue uno de los primeros países que aportó dinero (50 millones de euros) cuando la ONU dio la primera señal de alarma, el pasado invierno. De hecho, el director general de la FAO, Jacques Diouf, agradeció la diligencia del Ejecutivo español en su discurso.
En su alocución, el presidente español se felicitó por el hecho de que la crisis haya "hecho que el mundo vuelva a mirar a la agricultura, que había quedado en un segundo plano" e instó a la comunidad internacional a alcanzar un acuerdo en la Ronda de Doha con "flexibilidad" para que los países en desarrollo y sus agricultores tengan oportunidades de sobreponerse.
Zapatero dijo que el alza de los precios "tiene mucho que ver" con la crisis financiera originada en EEUU y "el desplazamiento de las inversiones" por la especulación, el incremento del precio del petróleo y la "falta de capacidad" de las instituciones internacionales para dar respuesta a la crisis. El dirigente mostró una vez más su sintonía con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y aseguró que el impacto de los biocombustibles tiene una responsabilidad "limitada" en el alza de precios. Justo lo contrario de lo que dice la FAO y la OCDE, que aseguran que la demanda agrícola para elaborar esos carburantes ecológicos es responsable de un tercio de la subida.
España defiende que se abra un "debate sereno" sobre las consecuencias de la producción de biocarburantes y quiere acelerar el desarrollo de la segunda generación, aquellos en cuya elaboración no se usan productos destinados a la alimentación.
