España defendió hoy el carácter estratégico del carbón para garantizar el suministro energético, además de su relevancia económica y social en ciertas regiones, durante la primera reunión de técnicos del Consejo de la UE que evalúa la propuesta de la CE de acabar en 2014 con las ayudas públicas a las minas no rentables. La delegación española destacó por su "activa intervención" en el encuentro, en la que aseguró que este asunto es "de máxima prioridad para España", según informaron a Efe fuentes comunitarias.

Al mismo tiempo, España denunció que las cifras presentadas por el Ejecutivo comunitario para argumentar el final de las ayudas corresponden a toda la Unión Europea (UE) y no reflejan la alta concentración que el carbón tiene en algunas regiones europeas. También reprochó a la Comisión Europea (CE) que su propuesta no recoja el carácter estratégico del carbón para España, que carece de fuentes de energía alternativas para garantizar el suministro energético en caso de que haya un problema de abastecimiento.

Asimismo, consideró irreal el plazo de cuatro años para poner fin a las ayudas y criticó la obligación de vincular la concesión de las mismas al desmantelamiento de las minas y no a garantizar el futuro de las que pudieran ser rentables. En este sentido, defendió que España ha aplicado correctamente la legislación que ahora caduca, que ha servido para provocar una reducción de la capacidad de producción y el empleo en las minas deficitarias. Fuentes europeas explicaron que España encontró comprensión en los otros países afectados por la propuesta del Ejecutivo comunitario (principalmente Alemania, Polonia, Rumanía y Hungría), aunque sus representantes no se opusieron "tan frontalmente" a la iniciativa de la CE en esta primera toma de temperatura.

Alemania, en concreto, esgrimió que necesita más tiempo para estudiar cómo casa la iniciativa de Bruselas con su propio plan nacional de desmantelamiento de las minas deficitarias antes del año 2018. El resto de los países, en cambio, apoyó el principio general contenido en el documento de la CE sobre la necesidad de desmantelar las minas no rentables, aunque "mostraron comprensión hacia los problemas potenciales que podría ocasionar este cambio en las reglas de ayudas de estado".

Los representantes escandinavos sí se mostraron contrarios a la prórroga de las ayudas a un sector altamente contaminante, ante la contradicción que supone financiar por otro lado las políticas contra el cambio climático. La semana pasada, el comisario europeo de Energía, el alemán Günther Oettinger, admitió que durante la tramitación de la propuesta en el Consejo de la UE (donde están representados los Estados miembros) podría obtenerse una prórroga de las ayudas más allá del año 2014, aunque no dijo que vaya a ser fácil.

La aprobación de un nuevo reglamento sobre esta materia no requiere la unanimidad de todos los países y bastaría con una mayoría cualificada para que saliera adelante. Por el contrario, la modificación de la propuesta de la CE, para extender el plazo hasta 2018, por ejemplo, en lugar de 2014, sí que requeriría la unanimidad de los Veintisiete.

Los delegados nacionales tienen previsto reunirse en las próximas semanas para avanzar sobre este asunto, con el objetivo de poder aprobar el reglamento en diciembre, para que entre en vigor el 1 de enero. La presidencia de turno de la UE, actualmente ocupada por Bélgica, presentará entonces una propuesta de compromiso, para intentar conciliar posturas. El Parlamento Europeo (PE), por su parte, no tiene obligación de ser consultado, aunque redactará un informe, que no será vinculante.