Lejos de estar saturada, la economía sigue dependiendo de la llegada de trabajadores inmigrantes para sostener su crecimiento. Incluso en un escenario de crisis económica severa, España precisará de la incorporación de una media de 157.000 empleados extranjeros al año hasta el 2020. Y si el crecimiento es moderado o fuerte serán imprescindibles entre 255.000 y 612.000.

La Fundación Empresa y Sociedad presentó ayer un estudio con el que sale al paso de los "mensajes catastrofistas" que proliferan al calor de las mayores incertidumbres económicas. El informe recuerda que en el 2000 el crecimiento cayó del 4% al 2% del producto interior bruto y aun así se siguió creando empleo, cubierto en gran parte por los inmigrantes.

Pero es que incluso si la economía quedase varada será imprescindible incorporar más mano de obra extranjera, debido al imparable envejecimiento poblacional. Entre el 2005 y el 2020, España va a sufrir una radical transformación poblacional: los ciudadanos de entre 16 y 39 años caerán de los 15,8 a los 11 millones, mientras que los de entre 40 y 64 se dispararán de los 13,4 a 17 millones.

El aumento de ocupados nativos lleva años siendo insuficiente para atender la oferta de empleo, lo que ha provocado que el peso medio de los inmigrantes en los nuevos puestos de trabajo se elevase hasta el 56,4% en el 2007, casi cinco veces más que una década antes. El creciente envejecimiento no hace sino agravar el problema. Así las cosas, no basta con que los viven en el país: harán falta un mínimo de dos millones más para evitar que el mercado laboral quede desabastecido por la base.

En los servicios (61% del empleo inmigrante), sostiene que actividades como la hostelería, el comercio, el servicio doméstico, la atención a dependientes o el turismo, muy cíclicas y desdeñadas por los nativos, van a seguir siendo desempeñadas por inmigrantes en los próximos lustros. En este punto, critica que los contingentes temporeros "apenas resuelven nada". Y propone reinstaurar la figura del trabajador fijo discontinuo y que distintos sectores y empresas compartan trabajadores con distintos ciclos. También niega que la caída de la actividad en construcción (655.000 inmigrantes trabajando, 23% del total) deba generar alarma social.