En julio, cuando el Congreso de EEUU estudiaba aprobar las propuestas del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal para ayudar a las dos principales compañías hipotecarias del país, Freddie Mac y Fannie Mae, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, declaró: "Si tienes un bazoca en tu bolsillo y la gente lo sabe probablemente no tengas que usarlo". Se equivocó. Ayer, Paulson se vio obligado a usar las armas que le dio el Congreso y anunció la intervención inmediata y efectiva por parte del Gobierno de las dos compañías.
Estas quedan bajo su tutela, por lo menos temporalmente (pero sin fecha límite determinada). Será la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, creada precisamente en verano por el Congreso, quien las dirija a partir de hoy. Y arrancarán su nueva etapa con nuevos directivos, pues Herbert Allison ya ha sustituido a Daniel Mudd al frente de Fannie Mae y David Moffett a Richard Syron en Freddie Mac.
EL RETO DE LA ESTABILIDAD La Administración de George Bush es consciente de que, con la mecha encendida por la crisis de las hipotecas basura, la quiebra de Freddie o de Fannie podría ser una bomba devastadora. "Son tan grandes y están tan entretejidas en nuestro sistema que el fallo de cualquiera de ellas causaría graves disturbios en nuestros mercados financieros, tanto aquí como en el resto del mundo", dijo Paulson. Lo hizo en la rueda de prensa de presentación del plan, que, según dijo, persigue el triple objetivo de "estabilidad de los mercados, disponibilidad de hipotecas y protección del contribuyente".
Paulson se negó a dar detalles específicos sobre el coste que puede representar esta intervención y aunque los expertos reconocen que la factura total dependerá de la recuperación del mercado de la vivienda, se anticipa que será el rescate más costoso de la historia de EEUU.
Junto al director de la Agencia de la Vivienda, Jim Lockhart, Paulson se limitó a delinear los cuatro pasos en los que se efectuará el rescate. Cada una de las dos empresas, que cotizan en bolsa, emitirán 1.000 millones de dólares en acciones preferentes, que comprará el Gobierno. La Administración tendrá opción de compra de acciones que representan casi el 80% de la propiedad de cada una.
El plan garantiza que las arcas públicas tendrán capacidad para inyectar hasta 100.000 millones de dólares en cada una de las dos firmas si fuera preciso. No hay calendario para esa potencial inversión de 200.000 millones y el Gobierno asegura que ha escogido la cifra "para demostrar su compromiso" a los inversores. Las compañías podrán incrementar "modestamente" su cartera de inversión hasta finales del 2009.
