Para las empresas del sector que han reclamado una regulación de este tipo de servicios, la ley es positiva pero algo tímida a la hora de exigir solvencia a los intermediarios financieros. Según Pedro Javaloyes, portavoz de la Agencia Nacional de Productos Bancarios, la norma debería haber exigido un mínimo de capital social para constituir un broker. Además, se detecta cierta indefinición, puesto que la reglamentación debe ser desarrollada por las autonomías, que tienen transferidas las competencias de consumo.