El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones volvió a aflorar ayer. La Fundación de Estudios Financieros eligió el primer día de campaña electoral para proponer que el Estado imponga a los trabajadores un sistema complementario de prestaciones privadas o, como mínimo, público pero con la gestión del sector financiero.

César Molinas, autor del estudio en que se recoge la propuesta y alto cargo del Ministerio de Economía en la anterior etapa de Gobierno socialista, apostó por que el trabajador sea quien asuma el pago de estas pensiones complementarias. "El esfuerzo de ahorro tiene que venir del individuo para que entienda el riesgo que corre", aseveró.

Los trabajadores, en su opinión, no son conscientes de lo que cuesta pagar las pensiones públicas debido a que las empresas asumen la mayor parte de su pago (alrededor del 23%, frente al 6% de media que se le retiene a los empleados en su nómina).

A su juicio, no es posible reducir el impuesto sobre la renta por razones presupuestarias y las empresas ya soportan unos costes salariales altos, con lo que la solución sería elevar la aportación a las pensiones que realizan los trabajadores para destinarla a financiar el sistema complementario obligatorio.

IDEA DE BISMARCK Además, el estudio aboga por retrasar la edad real de jubilación. "Los 65 años los puso Bismarck en el siglo XIX, cuando solo los alcanzaba el 10% de la población; ahora llega el 90%", justificó su autor.

Las propuestas del informe encontraron el respaldo del Banco Central Europeo. José Manuel González-Páramo, miembro del comité ejecutivo del supervisor, sostuvo que las reformas actuales van encaminadas a elevar los tipos de cotización y retrasar la edad de retiro, así como "una reducción general de las prestaciones y una disminución de los ingresos por jubilación en relación con lo salarios", resumió.