El precio de la nueva tarifa eléctrica de último recurso, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, no registrará un incremento "sustancial". Así lo estimó ayer la patronal de las eléctricas, Unesa, y lo ratificaron distintas fuentes de la Administración.
El sector augura un alza inferior al 5%, aunque recuerda que la última palabra la tiene el Gobierno. Una subida de en torno al 3%, como la aprobada para los consumidores domésticos el pasado enero, supondría una incremento de la factura mensual de 1,1 euros. La nueva metodología de cálculo de la tarifa tiene dos partes. Una es el coste que se estima que tendrá la electricidad que se va a consumir. Se fija mediante una subasta de energía que tendrá lugar hoy entre las empresas comercializadoras.
El otro elemento son las tarifas de acceso, más conocidas como peajes. Se trata del pago que realizan los consumidores para mantener las redes de transporte y distribución, que permiten que la electricidad llegue a sus casas. El Ejecutivo ha propuesto una subida media del 10,2% según confirmó la Comisión Nacional de la Energía.
