Las familias numerosas seguirán beneficiándose del bono social, con un descuento del 25% en su factura de la luz, según los criterios de renta definidos por el Gobierno en el desarrollo normativo para actualizar sus requisitos. El Ministerio de Energía ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(CNMC), para su preceptivo informe, el borrador de real decretoque desarrolla el bono social de electricidad, después de definir estos criterios de renta para que sea percibido.

Una de las novedades es que se incluye el nivel renta para poderse acoger a este beneficio. La referencia es indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Así si se trata de una familia sin menores a cargo, será 1,5 veces el IPREM, es decir 798,77 euros mensuales, con la referencia de este año. Si tiene un hijo a cargo, 1.067,2 euros y si tiene dos, 1.331,28 euros mensuales.

A su vez, los umbrales de renta anteriores se verán incrementados en 0,5 veces el IPREM (798,3 euros mensuales) para las víctimas deviolencia de género, víctimas del terrorismo y para aquellos hogares con algún miembro con una discapacidad superior al 33%.

PENSIONISTAS CON PRESTACIÓN MÍNIMA

Asimismo, también podrán acogerse al bono social aquellas unidades familiares en las que uno de sus miembros sea pensionista del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo por ello la cuantía mínima.

En declaraciones a la prensa en el Congreso de los Diputados, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha afirmado que una vez que la CNMC y la Comisión Europea emitan su informe sobre el borrador de real decreto se procederá "a la tramitación ordinaria" para que sea aprobado por el Gobierno.

El Gobierno ha optado por mantener la ventaja para las familias numerosas, aunque "va a tener limitado el consumo" y "no se van a financiar lujos". "Un consumo normal de una familia normal. El bono social es para niveles de consumo habituales", ha agregado.

En la regulación se crea una nueva categoría, los consumidores vulnerables severos, para aquellos hogares con rentas inferiores al 50% de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables. Los consumidores vulnerables severos tendrán una mayor protección y se beneficiarán de un descuento del 40% de su factura eléctrica.

VULNERABLES SEVEROS

Las familias numerosas o los hogares donde todos sus miembros que tengan ingresos sean pensionistas de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima, serán considerados vulnerables severos si su renta es inferior a 2 veces el IPREM (1.067,2 euros mensuales) o una vez el IPREM (532,21 euros mensuales) respectivamente.

También se crea la categoría de consumidores en riesgo de exclusión social, que serán aquellos consumidores vulnerables severos que, por sus especiales circunstancias, estén siendo atendidos por los servicios sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas.

Estos consumidores serán considerados esenciales y no se les podrá suspender el suministro eléctrico. Esto será financiado por medio de la financiación adicional que liberará el sistema eléctrico (10%) y que complementará la aportación de los servicios sociales(50%) y del propio bono social (40%). En muchos países europeos esta ventaja se financia a través de los presupuestos públicos.

Además, en el caso de los consumidores vulnerables y vulnerables severos se amplía de dos a cuatro meses el plazo para que, en caso de impago, una comercializadora pueda proceder a la suspensión del suministro.

Igualmente, se refuerzan las obligaciones de información para los consumidores. Así, en caso de impago y con carácter adicional a los dos requerimientos fehacientes de pago que se venían exigiendo hasta el momento a las comercializadoras, éstas deberán además informar al consumidor en el momento de producirse el impago y nuevamente 15 días antes de proceder al corte de suministro.

La reforma del bono social se produjo después de que el Tribunal Supremo anulara el sistema de financiación de esta rebaja vigente hasta entonces. El cambio supone que este desucneto lo pagan todas las comercializadoras en función de su peso en el mercado.