La patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, expresó ayer su "rechazo total" a la decisión del Gobierno de imponer un gravamen medio del 2% sobre sus ventas a la Seguridad Social. El gravamen se ha creado en el proyecto de ley de presupuestos y pretende recaudar 200 millones de euros al año (la mitad, para financiar la sanidad autonómica; la otra mitad, para investigación del Instituto de Salud Carlos III).
Aunque la ministra de Sanidad, Elena Salgado, dijo que el nuevo sistema "no es una declaración de guerra", Farmaindustria expresó ayer su "profunda decepción" ante "la falta de diálogo y transparencia que ha acompañado esta iniciativa" que, a su juicio, "supone un riesgo para la viabilidad empresarial de muchos laboratorios".
IMPOSICION El canon no ha sido negociado con el sector. "Es una decisión de Gobierno, no exige ningún pacto", explicaron ayer en Sanidad. Esta afirmación desmiente al Ministerio de Economía que informó, el martes, de que el canon había sido "pactado". Ayer mismo, el ministro Pedro Solbes dijo en RNE: "Este punto se ha debatido entre el Ministerio de Sanidad y los laboratorios farmacéuticos. La idea es que la farmacia contribuya a la investigación y a resolver parte del problema de la sanidad".
En Farmaindustria desmienten que la medida haya sido debatida. "Nadie tenía conocimiento de nada", aseguran, hasta que se presentó el proyecto de presupuestos en el Congreso, el martes. Para el sector, tras este gravamen sólo hay "un objetivo recaudatorio para financiar las promesas del Gobierno en materia de I+D sin tensionar el presupuesto, aprovechando la capacidad de intervención pública sobre este sector".
La imposición sustituye al acuerdo suscrito entre Farmaindustria y el PP --que vence este año-- por el que el sector aportaba voluntariamente hasta 100 millones al Instituto Carlos III.
