Lejos de amilanarse, el gobernador del Banco de España reaccionó ayer de manera contundente a las críticas sin precedentes que ha recibido del Gobierno por su previsión de que la Seguridad Social podría entrar en déficit en el plazo de un año. Miguel Angel Fernández Ordóñez, acusado de sembrar el temor entre los pensionistas, insinuó que es el Ejecutivo el que ha causado la alarma y ratificó que considera "imperiosa" la reforma del sistema.
El responsable del instituto emisor dijo no sentirse cuestionado por el Ejecutivo. Y ello pese a haber sido objeto de ataques por parte del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho; la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente, que incluso le acusó de emitir juicios "superficiales".
Fernández Ordóñez recordó que acudió a la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo porque fue llamado por los grupos, no a petición propia. Su intervención, añadió, se limitó a contar lo que está sucediendo en otros países y a dar las proyecciones de la Unión Europea. "Fue muy grato y los grupos me agradecieron que estuviera allí y mi posición moderada. Luego ha habido declaraciones fuera que han creado alarma", remachó, en clara referencia a las críticas recibidas por el Gobierno.
El gobernador echó mano de un aliado inesperado para defender sus tesis: el secretario de Estado de la Seguridad Social. En un artículo publicado ayer, Octavio Granado afirma que el Seguro seguirá teniendo superávit este año, pero reconoce la necesidad de cambios. "Ha dicho, y estoy totalmente de acuerdo, que son imperiosas las reformas de la Seguridad Social", afirmó Fernández Ordóñez.
CAMBIO SUAVE En un tono más conciliador, el máximo dirigente del Banco de España apostó por reformas "suaves y moderadas" y quitó importancia a que el superávit se reduzca en todo el mundo y a que se pueda caer en números rojos.
Incluso se mostró optimista y aseguró que la polémica se estaba apagando y reconduciendo al ámbito del Pacto de Toledo. Un instrumento, añadió en unas jornadas financieras en Madrid, del que los españoles se deben sentir "orgullosos", pues saca las pensiones del debate político y tiene una vocación reformista.
Los hechos posteriores probaron que se trató de una afirmación más voluntarista que real. El ministro Corbacho volvió a la carga, pese a afirmar tenerle en una "altísima consideración" profesional. Dicho esto, le exigió que ofrezca análisis "más sosegados y tranquilos" y le reclamó que deje de dar "recetas" al Gobierno. La crisis, añadió, no está provocada por los trabajadores, sino por los "especuladores".
En la misma línea, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, instó al gobernador a que se "ajuste" al papel institucional "que le corresponde" como supervisor financiero, en lugar de dar pie a "discursos alarmistas sin fundamento" sobre el futuro de las pensiones o la reforma laboral. Lo cierto, sin embargo, es que la ley de autonomía del Banco de España establece que una de sus funciones es "asesorar al Gobierno".
