El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled acusa en su querella a cinco ejecutivos de Mutua Universal de enriquecerse mediante el desvío de fondos públicos y de haber utilizado supuestamente dinero proviniente de la tercera entidad española de asistencia sanitaria laboral para realizar promociones inmobiliarias en su beneficio particular. Así, apunta que su patrimonio debe ser investigado.

El desvío de fondos se realizó presuntamente a través de una red de sociedades creadas por los encausados y que facturó a esta entidad más de 12 millones de euros. El juzgado de Barcelona que investiga la presunta malversación tiene en su poder la documentación incautada el 1 de agosto en la sede de la entidad en la capital catalana.

La querella, a la que ha tenido acceso este diario, se dirige contra Juan Aicart Manzanares, director gerente de Mutua Universal y que dejó su cargo tras la entrada y registro en la sede de Barcelona; José Eduardo Villa Torres, subdirector regional y hombre de confianza del director; José Luis Pérez Digon, auditor interno; Enric Torné Sola, cuyo cargo se desconoce, aunque desempeñaba tareas de responsabilidad, y Francisco Teixidó Navarro, el director de recursos humanos. El fiscal les acusa de presunta malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y apropiación indebida o un supuesto delito societario (administración desleal con afectación de intereses generales).

DENUNCIANTE ANONIMO La fiscalía especifica que los fondos de las mutuas laborales son públicos por cuanto se trata de patrimonio de la Seguridad Social que se adscribe a estas entidades para su gestión. Por lo tanto, están sujetos al control financiero de la Administración. Precisamente, fue la Intervención General de la Seguridad Social, a raíz de una denuncia anónima, quien detectó que los querellados, siendo su máximo dirigente Aicart, crearon un "complejo entramado societario" compuesto por una veintena de mercantiles que "actúan en concierto y bajo régimen de unidad de decisión".

Estas sociedades, con directivos vinculados a Mutua Universal, trabajadores o exempleados, facturaron millones de euros a la entidad presidida por Juan Echevarría (que no figura como querellado). En algunos casos, la mutua era el único y exclusivo cliente de estas firmas.

PERJUICIO AL ERARIO PUBLICO El fiscal sostiene que este entramado controlado por los querellados fue "utilizado en perjuicio del erario público", puesto que recursos económicos del Estado fueron "indebidamente instrumentalizados para fines particulares". Este hecho vulnera la normativa, al prescindir de criterios de "imparcialidad y neutralidad en la contratación" de los servicios y en su precio. La querella añade que varias compañías implicadas se gestionaban por altos cargos de la Mutua, "quebrantando las incompatibilidades que les afectan", y, en otras ocasiones, por exempleados, "generando un conflicto de intereses".

La Intervención descubrió que las empresas vinculadas a la mutua facturaban servicios "a precios superiores" a los del mercado o actuaban como intermediarias con los verdaderos proveedores, "encareciendo artificialmente el precio" del producto. Una de ellas intervino en operaciones de compra de activos inmobiliarios, generando sobrecostes. "Ello supone desviar fondos públicos y otros propios a favor de entidades mercantiles", reza la querella. Asimismo, los recursos personales y materiales con los que funcionaban estas empresas eran proporcionados "subrepticiamente" por la mutua.

La fiscalía estima que hay indicios de que una parte de la facturación con el Grupo Premeser podría ser irreal, al no existir soporte que justifique los trabajos, cuyo precio era un 70% superior a la media del mercado. La querella relata que algunos directivos tenían retribuciones "desproporcionadas", e incide en una posible "contabilidad oculta".