La teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, solicitó ayer una condena de 38 años de cárcel para el exvicepresidente de Grupo Torras Javier de la Rosa, principal acusado en el juicio del caso KIO que se sigue en la Audiencia Nacional por el supuesto desvío de más de 375 millones de euros de la sociedad kuwaití KIO y de su filial Grupo Torras a principios de 90.
Se trata de las dos últimas piezas que quedan por juzgar del caso KIO , y que se refieren a las operaciones Prima-Oakthorn- Pincinco y Quail-Acie. La fiscal Suárez pidió también 38 años de cárcel para el abogado Juan José Folchi, a quien acusa, al igual que a De la Rosa, de varios delitos continuados de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas.
La representante del ministerio público instó al tribunal a que imponga por estos hechos condenas de 11 años para el exconsejero delegado del Grupo Torras Jorge Núñez Lasso, y de cinco años para el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal. Suárez rebajó de 16 a dos años su petición para el exdirector financiero Miguel Soler, ya que el juez no abrió juicio oral contra él por la operación Acie.
Además, la fiscalía anticorrupción reclamó que los acusados paguen, en concepto de responsabilidad civil, cerca de 207 millones de euros, dado que algunos imputados ya habían pagado indemnizaciones por los supuestos desvíos de dinero en las operaciones Oakthorn y Pincinco tras un juicio que se celebró en la Corte Comercial de Londres en 1999.
ACTITUD "DEPREDATORIA" En su informe de conclusiones, la fiscal sostuvo que las operaciones juzgadas fueron realizadas "al margen de los intereses del Grupo Torras" y para el lucro personal de los acusados. En este sentido, la fiscal del caso destacó la "actitud depredatoria de los responsables de Torras en su propio beneficio desde los años 1987 y 1988", fecha en la que, dice, comenzaron las operaciones fraudulentas.
