El fiscal Fernando Burgos defendió ayer los pagos millonarios que suscribió el presidente del SCH, Emilio Botín, con el excopresidente y el exconsejero de la entidad José María Amusátegui y Angel Corcóstegui. Por contra, las acusaciones que representan a los accionistas Rafael Pérez Escolar y Juan Francisco Franco, tildaron esos pagos de ilegales y abusivos. El fiscal sostuvo que esos contratos, que ambos ejecutivos percibieron cuando adelantaron sus respectivas jubilaciones, son legales y "equitativos". Por ello, subrayó que la justicia "no puede suplir" las leyes del mercado. En sentido contrario, las acusaciones pidieron la anulación de esos contratos. El juicio termina hoy.
