La fiscalía exige que cada uno de los 27 imputados por el caso de las tarjetas b de Caja Madrid deposite el dinero gastado con su tarjeta 'black' más un tercio legal para hacer frente a la responsabilidad civil por gastar un total de 15,2 millones de euros. Frente a esa petición, los imputados han defendido este lunes sus gastos ante el juez al entender que estos formaban o parte de su retribución o achacables a gastos de representación, y en cualquier caso una 'costumbre' arraigada en la entidad financiera.

Esta mañana ha comparecido 10 de los 27 imputados por haber usado las tarjetas black de Caja Madrid e incluso en el época en la que este entidad estuvo presidida por Miguel Blesa algunos de estos exconsejeros han declarado ante el juez Fernando Andreu que se les llamaban porque gastaban "poco", como ha reconocido Pedro Bedía que gastó 78.200 euros con su tarjeta b. Mientras, en la calle, una treintena de preferentistas de Bankia han recibido al grito de "chorizos", "ladrones, "golfos" o "mangantes" a los que iban a declarar.

CON TERCEIRO

Otros de los puntos en los que han coincido los declarantes es que existen dos etapas en el uso de este dinero de plástico. En la época de Jaime Terceiro eran para gastos de representación e incluso se les sugirió que fueran prudentes con su uso. A pesar de ello, en estos gastos se le explicó que podían incluir compras de libros, obsequios para terceros, cenas, comidas, restaurantes, hoteles y gastos en ropa porque se le exigía que acudieran a los consejos vestidos con traje y corbata.

CON BLESA

Todo esto cambió cuando Blesa se hizo con el poder. A partir de este momento, hubo barra libre. Los usuarios de estas tarjetas podían gastar los límites mensuales de sus tarjetas sin tener que justificar sus gastos. También podían sacar dinero de los cajeros, aunque algunos no lo hicieron al no disponer del pin para realizar esta operación. Por ejemplo, José Antonio Moral Santín de IU, acudió 700 veces al cajero y dispuso de más de 400.000 euros, al entender que era una retribución a su cargo.

Otra de las novedades de estas declaraciones es la coincidencia de algunos exconsejeros en señalar que Caja Madrid les permitía usar durante tres meses este plástico cuando eran cesados porque era "un uso y costumbre". Asimismo, todos han reconocido que no han tributado a Hacienda por estos gastos porque pensaban que era la entidad la que lo hacía en su nombre.

El fiscal Alejandro Luzón ha sido especialmente duro en los interrogatorios, según fuentes presentes en la declaración. Y el juez Andreu ha recurrido a la ironía para intentar comprender "el batiburrillo" de estas tarjetas. La fiscalía ha pedido que seis de los 10 imputados que hoy han declarado asuman solidariamente de la fianza que Andreu impuso a Blesa y Rato el pasado año, que alcanzó los 15 millones de euros.