El fiscal Anticorrupción Vicente González Mota solicitó ayer al juzgado de instrucción número tres de la Audiencia Nacional un total de 11 años de cárcel para el dueño de la agencia de valores Gescartera, Antonio Camacho. El escrito de calificación y de solicitud de apertura de juicio imputa a Camacho los delitos de apropiación indebida y falsedad a través de su empresa.
González Mota imputa a otros 14 acusados y exige penas que van desde los tres a los 11 años de prisión. Entre ellos se encuentra el número dos de la agencia de valores, José María Ruiz de la Serna (11 años), la expresidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna (ocho años) y la esposa de Camacho, Laura García Morey (con seis años de prisión).
Como responsables civiles directos, por una cantidad superior a los 26,3 millones de euros, se encuentran los ejecutivos de una sucursal de La Caixa en la localidad madrileña de Majadahonda, Miguel Carlos Prats Oria y José Alfonso Castro Mayoral, a los que el fiscal también solicita tres años de prisión.
Deberán responder también todas las sociedades que constituían el grupo Gescartera, empezando por BC Fisconsulting Asesoría y Gestión de Patrimonios. El responsable de esta última sociedad, Aníbal Sardón, deberá responder ante una pena de 11 años y cinco meses de prisión por apropiación indebida, falsedad continuada y falsedad en documento público. El escrito señala como responsables civiles subsidiarios indirectos a La Caixa y a Caja Madrid Bolsa, una de las entidades a través de la cual operó Gescartera.
El fiscal abre el abanico de la acusación y también pide que se abra juicio contra los herederos del padre de Camacho, su hermano, la familia Sardón y otras sociedades y personas vinculadas con los imputados.
La acusación recuerda la intervención de Gescartera el 14 de junio del 2001, ordenada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que supuso la apertura de diligencias.
ANIMO DE LUCRO Para el representante del Ministerio Público los acusados emplearon más de nueve años en desarrollar una actividad cuyo fin era lucrarse defraudando a sus clientes. A través de diversas sociedades, Camacho dispuso "en interés propio" de siete millones de euros y el resto de imputados se beneficiaron de otros cinco millones.
Los acusados se apoderaban de remesas y valores que entraban en las sociedades, según el fiscal. Este "carrusel" afectó a 4.005 clientes, que depositaron un total de 50,1 millones de euros. Aunque ésta es la cantidad que presuntamente ha desaparecido, los clientes de Gescartera reclaman 94,1 millones.
