La Fiscalía Anticorrupción investiga si los directivos de Mutua Universal han constituido un entramado de empresas con fondos de la Seguridad Social y han utilizado estas para obtener beneficios personales al tiempo que para emitir facturas falsas o hinchadas contra la propia mutua para justificar trabajos y servicios prestados. Con esa "sobrefacturación" podría haber justificado ante las auditorías de la Seguridad Social el dinero escamoteado al Seguro para constituir esas compañías.

La Fiscalía ha imputado en la querella presentada en el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona al director gerente de la mutua, Juan Aicart Manzanares y a cinco de sus colaboradores en posibles delitos de malversación de fondos públicos, delitos societarios y administración desleal.

Varias de las empresas relacionadas con los directivos de la mutua facturaron a esta servicios inexistentes o hincharon la factura de trabajos prestados, según el informe de la Inspección General de la Seguridad Social realizado a partir de las cuentas de la firma de previsión. El Seguro ha remitido el informe a la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos, que el miércoles llevó a cabo el registro de la sede social de la mutua. También lo envió al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado.

VINCULACIONES SOCIETARIAS La Intervención menciona, según recogió el jueves el diario El País , como factureras a Proyectos Sounds, Pauta Systemas, Perplex Gestión y Desarrollo, Centros Sanitarios General, Centros Catalanes Medicina y Salud y Centros Canarios Medicina y Salud. Esas empresas no solo están vinculadas entre sí, sino que además pertenecen a un entramado empresarial, en el que participan casi una veintena de sociedades relacionadas con el directivo de la mutua, Juan Aicart y sus colaboradores, según la investigación de la fiscalía.

Fuentes relacionadas con la Mutua Universal explicaron a este diario que los directivos tenían vínculos con sociedades como Centros Sanitarios General, Santa Iscla Unión y Aura Global. Aicart fue administrador único de Centros Sanitarios General, pero dejó el cargo en 1990. Y tomaron posesión Jesús Jara (gerente) y Juan Bou (apoderado) y se incorporó como consejero Pedro Carbonell.

En el 2002, se incorporó como administrador Antonio Brondo, junto a los dos primeros, quienes son el nexo de unión entre al menos siete firmas.

El informe de la Intervención dice que algunas empresas no tienen contenido y solo emiten facturas. Otras sí y realizan una actividad empresarial de la que se habrían beneficiado los directivos de la mutua.