A finales de este mes, el Gobierno entregará a los agentes sociales una propuesta para reformar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social con el fin de permitir que una parte de los 46.000 millones de euros que acumulará este año puedan invertirse en bolsa. Se tratará de un hito histórico, pendiente desde la última reforma laboral, al que no se oponen los interlocutores sociales siempre y cuando el Ejecutivo acepte una batería de exigencias dirigidas a garantizar su transparencia.

La Seguridad Social obtuvo en el 2006 un superávit de 9.000 millones euros de las cotizaciones sociales y de los excedentes de las mutuas. El Gobierno comunicó hace unos días a empresarios y sindicatos que invertirá el 95% de este superávit en el Fondo de Reserva.

Trabajo ha comunicado a los agentes sociales que tiene pensado aprobar la primera de las dos aportaciones previstas para este año --3.800 millones de euros-- este viernes aunque se retrasará por cuestiones de agenda hasta el 16 de febrero. El segundo ingreso se realizará en julio y rondará los 4.700 millones hasta llegar a los 8.500 millones. Con estas cantidades, el fondo de las pensiones superará este año los 46.000 millones de euros aunque el Gobierno ha sugerido que las reservas podrían rondar los 50.000 millones si se suman las rentabilidades.

Son buenas noticias para la sostenibilidad del sistema público porque el fondo equivale ya al 3,96% del PIB y podría hacer frente a siete meses de pagos de pensiones. Sin embargo, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y el Banco de España ya han comenzado a sugerir que no será posible mantener, como hasta ahora, todo este capital invertido en letras del tesoro y que habrá que sacar algo a la bolsa.

Para hacerlo será necesario reformar la actual ley reguladora del fondo de reserva del 2003 que obliga al Gobierno a invertir estos activos en deuda pública. A su vez, el Banco de España exige que las compras anuales de letras del tesoro nunca superen el 10% de las emisiones para evitar tensiones en este mercado. Las inversiones del fondo ya superan peligrosamente el 8,5% de las emisiones anuales.

El Estado desviaba parte de las inversiones hacia deuda pública extranjera pero, de nuevo, el Banco de España exige que no suponga más del 50% del fondo. Con las actuales limitaciones, Granado opina que no queda más remedio que reformar la ley y permitir que parte de este fondo se invierta en renta variable. El Seguro baraja la posibilidad de invertir en bolsa hasta el 10% de lo ahorrado. Pero este porcentaje equivaldría a casi 5.000 millones de euros. Lo normal sería realizar inversiones más pequeñas y distribuidas en varios años. Además, aún falta decidir la entidad gestora de esta cartera de valores, lógicamente supervisada por el Estado.