Hasta ahora, el sueldo y el puesto de trabajo de un funcionario eran materias prácticamente intocables. No lo serán tanto cuando entre en vigor el Estatuto del Empleado Público y se establezca el nuevo sistema de evaluación anual de las capacidades de todo el personal, incluido el de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Quien mejor desempeñe su función ganará más, pero el que no cumpla con los objetivos podrá perder complementos salariales o incluso el puesto habitual de trabajo.
Esta es una de las grandes novedades del nuevo proyecto de estatuto de los funcionarios que entrará esta semana en su recta final tras finalizar la revisión del borrador por parte de los sindicatos. Durante los próximos días, el secretario general de Administraciones Públicas, Francisco Javier Velázquez, intensificará los encuentros con las centrales, las comunidades autónomas y con los ayuntamientos con el fin de tener listo el texto definitivo a finales de este mes. La intención del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, es llevar el proyecto de ley al Parlamento a principios de mayo.
MERITO Y CAPACIDAD El anteproyecto de ley está impregnado de una filosofía basada en "el mérito, la capacidad y la experiencia", cualidades que deberá tener todo el personal que trabaje en la función pública.
Cuando el texto legal entre en vigor, todas las administraciones deberán ordenar la selección y control de sus funcionarios conforme a un nuevo sistema de pruebas. Como señala el anteproyecto, el aspirante a empleado público deberá superar "ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, superación de pruebas físicas". Además, deberá realizar "cursos selectivos" y pasar un "periodo de prácticas". Los procedimientos de selección del personal obligarán al aspirante a aportar un currículo y a realizar una entrevista personal como en la empresa privada.
PROFESIONALIZACION "Se trata de profesionalizar la Administración, llevarla al siglo XXI porque no podemos seguir con criterios de 1950", explica Velázquez. La intención del Gobierno es que cada puesto de trabajo se cubra con un perfil específico.
Velázquez añadió que una evaluación negativa del funcionario "frenará su carrera en la Administración y podría perder su puesto --no su plaza, que la tiene por oposición-- y ser trasladado", incluso a otra localidad.
CCOO aún no tiene muy claros algunos aspectos del nuevo estatuto. El sindicato se pregunta si serán imparciales los órganos que se crearán para la evaluación de funcionarios.
