La decisión del Gobierno de aplazar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado del 2018 hasta que se calme la tensión política en Cataluña abre la puerta a la prórroga de las cuentas del 2017 al año próximo, al menos durante las primeras semanas o meses del nuevo ejercicio. La concreción de la rebaja fiscal pactada por Ciudadanos para salarios de hasta 17.000 euros o el acuerdo salarial a tres años que se negocia con los empleados públicos son dos de las cuestiones que, al menos por ahora, quedan en suspenso, a la espera de que la menor tensión soberanista permita al PNV comprometer su imprescindible apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy.
Este compás de espera también somete a un impasse a cuestiones tales como la reducción del IVA del cine, la subida del sueldo de los funcionarios, la mayor transferencia de fondos a las comunidades autónomas o los nuevos proyectos de inversión de todo tipo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste en que tarde o temprano, habrá Presupuestos para el 2018 y que sus medidas tendrán efecto desde el 1 de enero, aunque sea de forma retroactiva.
PENSIONES / Hay una cuestión que, en todo caso, queda al margen de los vaivenes del trámite presupuestario. Haya o no nuevo presupuesto el 1 de enero del 2018, desde esa misma fecha entrará en vigor la subida mínima de las pensiones del 0,25%, que es la que se viene aplicando desde la reforma del sistema en el 2013, pues así lo establece la ley.
Esta duda ya quedó despejada a finales del 2016, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy intentó forzar un acuerdo con el PSOE bajo el argumento falaz de que un desacuerdo impediría subir las pensiones.
El Ministerio de Hacienda negocia con los representantes sindicales de los empleados públicos un acuerdo salarial a tres años que implica una subida acumulada mínima del 5,25% que podría llegar al 8% en función de la evolución del crecimiento de la economía y del déficit público. También se negocia una ampliación de la plantilla pública y una mayor estabilidad en los contratos. Desde el punto de vista sindical, el aplazamiento del trámite presupuestario «es una oportunidad para tener más tiempo en el que negociar», según fuentes de CSIF. Este sindicato concede una probabilidad prácticamente nula a una prórroga definitiva del presupuesto que impidiera una subida salarial en el 2018 superior al 1% del 2017. Aún cabría la posibilidad de acometer una subida salarial en la función pública por decreto, si lograra el apoyo parlamentario suficiente.
REBAJA FISCAL / El paquete presupuestario pactado con Ciudadanos tampoco podría ponerse en marcha sin una nueva ley. Aquí se incluye una rebaja del IRPF de 1.300 millones de euros para salarios de hasta 17.000 euros al año, y otra de 700 millones para familias con personas dependientes. La rebaja del IVA del cine del 21% al 10% y la ampliación a cinco semanas de la baja por paternidad son otras medidas acordadas con Ciudadanos que necesitan nuevo presupuesto para ver la luz.
«Creo que el escenario más probable es el de un retraso coyuntural en la aprobación de los Presupuestos, de solo unas semanas», vaticina el diputado de C’s Francisco de la Torre. «No creo que no vaya a haber un nuevo presupuesto», remata. Este mismo pronóstico es compartido por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que espera cerrar «flecos» a favor del archipiélago cuando se retome la negociación.
El capítulo de inversiones es el que más sufre en una situación de prórroga presupuestaria. La ley general presupuestaria establece que la prórroga no afecta a las partidas que hayan terminado en el ejercicio. Si, por ejemplo, en el 2017 había una partida para reparar una determinada carretera, esta no será prorrogada en el 2018 pues se entiende que la obra ya está ejecutada. Durante la prórroga presupuestaria de los seis primeros meses de este año la inversión pública encajó una caída del 33%.
TRANSFERENCIAS AUTONÓMICAS / Las cantidades del sistema de financiación autonómica que se entregan a las comunidades tampoco se pueden actualizar si no hay un nuevo presupuesto. El aumento de los ingresos tributarios previsto para el 2018 no se trasladaría a las comunidades en tanto no se aprueben una nuevas cuentas. Así, las comunidades deberían confeccionar sus cuentas partiendo de las transferencias recibidas en el 2017.
La reducción del déficit público, por su parte, sí se ve favorecida en un escenario de prórroga. Sin nuevas cuentas, no entraría en juego el techo de gasto aprobado para el 2018, que permite gastar el 1,3% más que en el 2017.
