Alos franceses les gusta identificarse con la figura de Astérix, el irreductible galo que defiende la singularidad de su aldea frente a los poderosos invasores romanos. El espíritu de Astérix se adivina tras la fuerte oposición que ha provocado la privatización de Gaz de France para permitir la fusión con la empresa energética privada Suez a fin de evitar una eventual opa de la italiana Enel.

Los detractores de la operación urdida por el Gobierno de Dominique de Villepin defienden a capa y espada lo que orgullosamente se llama la "excepción francesa". Es decir, todo aquello que les distingue respecto al resto de países europeos. En el caso del sector energético, la excepción consiste en mantener a las grandes empresas en manos del capital público.

Así, los que apuestan por mantener esta singularidad se contraponen a los defensores del "patriotismo económico" esgrimido por Villepin para justificar la operación frente a la invasión del mercado energético francés por parte de los italianos.

CONTRADICCIONES La interpretación del primer ministro del espíritu de Astérix fue aplaudida inicialmente por todos, pero pronto salieron a la luz las contradicciones. ¿Hasta cuándo podrá Francia mantener dos varas de medir de forma que saluda la compra de empresas extranjeras pero pone el grito en el cielo cuando una compañía de fuera se hace con el capital de una sociedad francesa? Se lanzan cohetes ante la compra de la italiana Banca Nazionale del Lavoro (BNL) por parte de la entidad francesa BNP Paribas, pero se llora amargamente la compra de Rossinyol por parte de la norteamericana Quiksilver y se juzga peligroso que la española Abertis compre autopistas francesas.

El propio partido del Gobierno ha mantenido un encendido debate interno. Pero los beneficios de la privatización han pesado más en la balanza y la UMP bendijo el matrimonio entre las dos grandes empresas energéticas. El aparatoso recurso usado por la izquierda --la presentación de 137.449 enmiendas al proyecto de privatización que se discute en la Asamblea Nacional-- para impedir la celebración del enlace no ha hecho más que unir a la derecha en su propósito de reducir el peso del Estado en Gaz de France.

La fusión implicará que el capital público de GDF se reducirá del 80% al 34% y el Estado podrá mantener la acción de oro, un derecho de veto que le autorizará la Comisión Europea. No obstante, se intuye que, a la larga, se va a ir soltando lastre de forma progresiva hasta que la propiedad del Estado sea residual.