La economía mundial se resiente todavía de la crisis y sigue requiriendo de cuidados especiales. Los ministros de finanzas del G-20, reunidos ayer en la localidad escocesa de Saint Andrews, en la que es la tercera y última cita del año, acordaron mantener las medidas especiales de estímulo actualmente en marcha para garantizar la recuperación económica.

En la declaración final del encuentro, los representantes de los países más ricos del mundo y de las potencias emergentes establecieron que la recuperación es de momento "desigual" y continúa dependiendo de ayudas y soportes. Los representantes del G-20 reconocieron también "el alto desempleo como una preocupación mayor". "Para restaurar la salud de la economía global y del sistema financiero, hemos acordado mantener los apoyos para la recuperación hasta que esta esté asegurada", señalaba el comunicado.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, vaticinó un crecimiento de la economía mundial del 3% para el próximo año. Asimismo, apuntó señales de que la situación está mejorando, ya que se detecta, aseguró, una mayor confianza por parte del consumidor, así como una expansión del comercio mundial. No obstante, advirtió de que si se retiran los estímulos "debilitaremos la economía y el sistema financiero, crecerá el desempleo y fracasarán los negocios". "El crecimiento es nuestro imperativo", resaltó Geithner.

Los miembros del G-20 reunidos en Saint Andrews mostraron posturas divididas acerca de la regulación financiera y el cambio climático. Una sugerencia del primer ministro británico, Gordon Brown, de fijar una tasa global a las transacciones financieras, fue recibida sin entusiasmo por el resto de los países. Brown propuso al FMI que considerara la posibilidad de establecer un nuevo "contrato social" para la banca, a través de la creación de un fondo, alimentado con el nuevo impuesto, que garantizara futuras ayudas al sector, en el caso de que fuera necesario.

La iniciativa, rechazada por Estados Unidos, no figuró en el comunicado final, ni fue debatida, como más tarde reveló el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet.