Es el anticipo de lo que puede estar por venir en EEUU. Ayer, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, y el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, plantearon al Congreso la "urgente" necesidad de que se amplíen sus poderes para controlar, y quizá intervenir, en el sector financiero. Urgieron también a las Cámaras a empezar a implementar una nueva y más contundente legislación para tratar de contener los riesgos del sistema, especialmente en el caso de instituciones financieras que no son bancos y no están sujetas a las mismas medidas de control que estos.

Geithner y Bernanke comparecían ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara baja para hablar de AIG. Y aunque el escándalo de las compensaciones millonarias latió en las casi tres horas de comparecencia y motivó sus llamadas a "una reforma del sistema de incentivos y compensaciones de todo el sector", los dos líderes trataron de extrapolar todo lo ocurrido con el gigante de seguros para justificar sus demandas, asegurando que "el sistema regulatorio no estaba equipado para prevenir la acumulación de peligrosos niveles de riesgo".

Habrá que esperar a mañana, cuando Geithner vuelve a comparecer en Washington, para conocer con más detalle sus reclamaciones, pero la base es dotar a la Administración, en el caso de entidades financieras no bancarias, de una autoridad similar a la que tiene la Corporación Federal de Garantía de Depósitos con los bancos. Bernanke apoya esa moción y aseguró que, si el Gobierno hubiera tenido antes ese poder, habría podido intervenir en AIG con un coste mucho menor que los cerca de 150.000 millones de euros de su rescate.

Bernanke afirmó también que si ese sistema que reclaman hubiera estado vigente en septiembre, las controvertidas primas nunca habrían existido. El presidente de la Fed explicó que él llegó a plantearse demandar a AIG para evitar los pagos.

Pero la presión ha podido con muchos de los ejecutivos de la división de productos financieros de AIG. El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, informó de que 15 de los 20 ejecutivos que cobraron las mayores primas han accedido a devolverlas íntegramente. Cuomo calcula que podría acabar recuperando hasta 60 de los 122 millones desembolsados por AIG.