El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer que aplaza la aprobación del código de buenas prácticas para facilitar la reclamación a los bancos de clientes afectados por las cláusulas suelo, pero se compromete a encontrar una solución extrajudicial. La idea inicial del Ejecutivo era sacar adelante de manera inmediata un decreto ley con dicho código, al que se suscribirían de forma voluntaria las entidades con hipotecas que impiden beneficiarse de las rebajas del euríbor a partir de un determinado nivel. Sin embargo, ante la oposición del PSOE, que aboga por un sistema obligatorio, el Gobierno «hará todo lo posible» para que los afectados puedan recuperar su dinero «sin tener que ir necesariamente a los tribunales», añadió Rajoy en la rueda de prensa. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE allana la vía para que los particulares ganen las demandas ante los tribunales en el caso de que sus créditos incorporen cláusulas suelo, pero también en otros casos de préstamos, como los multidivisa, que puedan ser considerados prácticas dudosas o abusivas.

El jefe del Ejecutivo insistió en que, aunque no es competencia del Gobierno, este actuará porque es un problema «que afecta a mucha gente» y «de una cuantía económica considerable», y adelantó que en un futuro concretará un «procedimiento» que evite en la medida de lo posible acudir a los tribunales. El hecho de que la regulación de las cláusulas de los contratos dependa de los tribunales hace que el Gobierno sea reacio a aplicar medidas que pudieran ser recurridas en el futuro.

Desde la semana pasada, el Ministerio de Economía ha trabajado para sacar adelante un código de buenas prácticas que obligaría a las entidades a dar a los cerca de dos millones de afectados la opción de recuperar el dinero en efectivo o amortizando parte de la hipoteca pendiente.

No obstante, el grupo parlamentario socialista avanzó que no apoyaría la medida porque dejaba a voluntad de los bancos su adhesión y sigue apostando por un procedimiento extrajudicial al que se tengan que acoger todas las entidades. Para el PSOE, el código que ha planteado el Gobierno «se inclina hacia los bancos y no hacia los afectados».