El Gobierno "prefiere que el sector energético español se quede en manos españolas". Así de rotundo fue ayer el presidente José Luis Rodríguez Zapatero con el consejero delegado de E.ON, Wulf H. Bernotat. El gigante eléctrico alemán había presentado por la mañana una oferta por la primera eléctrica española, Endesa, por 29.100 millones de euros, frente a los 22.500 de Gas Natural.
Aunque el presidente del Gobierno "no acostumbra a recibir a los altos cargos de grandes empresas", como reconocían fuentes de la Moncloa, la dimensión de la operación y el hecho de que el sector energético esté regulado y se considere estratégico, llevó a Zapatero a reunirse con los ejecutivos de E.ON.
La cancillera alemana, Angela Merkel, había informado en la tarde del lunes a su homólogo español de la oferta de E.ON. Aunque la conversación, según distintas versiones, fue cortés, Zapatero ya dejó claro a Merkel que el Gobierno no estaba dispuesto a entregar la principal eléctrica española al campeón del gas y la electricidad de Alemania. Como a los ejecutivos, le garantizó que Madrid respetará las reglas del mercado.
LA NORMATIVA Bernotat también se entrevistó por la tarde con el ministro de Industria, José Montilla, quien tenía interés en saber si la firma alemana conocía bien el marco regulatorio español. El pasado día 7, el ministerio ya anunció su intención de introducir importantes cambios en la normativa del sector destinados a evitar situaciones de abuso que se han venido dando en las tarifas.
De ahí se podría derivar que los cálculos de ingresos que han hecho algunas eléctricas por el déficit tarifario están inflados y que, en consecuencia, sus perspectivas de beneficios, e incluso de resultados pasados, son erróneas. Para que esas expectativas puedan cumplirse, la tarifa debería subir un 30%, lo que Industria siempre ha descartado.
El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, ya había hecho por la mañana la primera aproximación oficial a la nueva situación, al subrayar que en un sector estratégico y regulado, como es el energético, a los intereses de España le conviene "tener una empresa matriz nacional".
Los ministerios implicados en el proceso, Economía e Industria, fueron informados el mismo lunes por la noche desde la CNMV sobre la oferta, aunque sin detalles. Por eso, ayer se aplicaban a examinar la operación.
En el Ministerio de Economía reconocían que lo primero que estudian es si la operación "cumple todas las normas comunitarias y nacionales", pero es un hecho que los expertos en competencia de Economía saben que será Bruselas quien decida. Si la operación es de dimensión comunitaria, el Servicio de Defensa de la Competencia español quedará en segundo plano.
La Comisión Europea mantuvo ayer una posición oficial de extrema cautela y reserva sobre la oferta de E.ON. La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, "no tiene ninguna opinión sobre la operación", afirmó su portavoz. "Es responsabilidad de E.ON decidir a quién notifica la operación, si a las autoridades nacionales o a la Comisión Europea", insistió el portavoz. Pero fuentes comunitarias reconocieron a este diario que la OPA de E.ON sobre Endesa tiene dimensión comunitaria debido al volumen de facturación de ambas empresas, informa Eliseo Oliveras.
EL PAPEL DE LA CNE Asunto muy diferente puede ser el caso de la Comisión Nacional de la Energía. Aunque el primer ejecutivo de E.ON aseguró que "la CNE no tiene nada que decir, porque somos una empresa extranjera", tanto Industria como otros medios cercanos al Gobierno opinan que la CNE puede ejercer su derecho a veto. Y eso es lo que se estudiaba ayer más en profundidad.
Tanto Endesa como Gas Natural reaccionaron según el guión. La eléctrica estaba en la pomada y apoya la operación, pero no puede dar por buenos 27,5 euros por acción cuando su presidente ha dicho que valen 45. Por su parte, la gasística está obligada por ley a mantener, de momento, la OPA, que todavía no ha sido aprobada por la CNMV.
