La ampliación del periodo de cálculo de las cotizaciones necesarias para tener derecho a una pensión es un asunto que, de momento, el Gobierno considera innegociable. Su baza negociadora para no abrir más la brecha con las reivindicaciones sindicales tras la huelga general es renunciar a subir de 65 a 67 años la edad de jubilación. Pero como este también es un objetivo deseable, el Ejecutivo estudiará fórmulas alternativas para hacer efectiva la edad de jubilación a los 65 años. La recomendación de retrasar la salida del mercado de trabajo ya se hizo en 1995, cuando nació el Pacto de Toledo. En estos 15 años la tendencia ha sido una prolongación de dos años de la actividad, según fuentes del Ministerio de Trabajo.
El próximo jueves día 7 se reunirá la comisión del Pacto de Toledo, en la que los grupos parlamentarios comenzarán a estudiar sus propuestas para redactar las recomendaciones que presenten al Gobierno. El Ejecutivo no tiene tanta prisa como con la reforma laboral, pero podría presentar el proyecto de ley, tras debatir con los agentes sociales las conclusiones parlamentarias, en el primer trimestre del 2011.
CUIDADO DE FAMILIARES Una de las propuestas que estudiará la comisión del Pacto de Toledo es la posibilidad de que las mujeres que hayan tenido que abandonar su vida laboral durante algún tiempo para cuidar de un hijo o familiar dependiente sumen este periodo sin cotizar a la Seguridad Social toda su vida laboral. Esta es una forma de compensar a las mujeres que generalmente tienen vidas laborales más cortas que los hombres y, por tanto, sus pensiones son más bajas. El inconveniente que ve el Gobierno a esta posibilidad es el aumento del gasto.
El Ejecutivo recomienda también suprimir la pensión de viudedad vitalicia en casos en los que se haya estado casado un breve espacio de tiempo y no haya hijos, y sustituirla por una indemnización de pago único.
Una de las razones fundamentales para reformar el sistema de pensiones es demográfica. Ahora se sostiene porque todavía están en el mercado laboral los nacidos en la década de los 50 del siglo pasado y las incorporaciones al mundo laboral han sido superiores a los abandonos. Pero dentro de pocos años no será así.
La previsión es que en el 2030 haya 12,5 millones de pensiones, cuatro millones más de las contabilizadas en la actualidad. De ahí que cobre especial importancia pasar de 15 a 20 años el mínimo de vida laboral cotizada para calcular la prestación a percibir. En la actualidad, para cobrar la pensión completa es necesario tener cotizado un mínimo de 35 años. Por tanto, se necesitan "carreras largas" de cotización, de entre 40 y 45 años, aunque con cierta flexibilidad a la hora del retiro, como señala Sergi Jiménez, profesor de la Universidad Pompeu Fabra e investigador de la fundación Fedea.
Ahora, el 60% de los trabajadores que se jubilan han cotizado a la Seguridad Social una media de 37 años. Se trata de generaciones que comenzaron a trabajar muy pronto, pero en los últimos años se ha impuesto una realidad: la mayoría no consigue un contrato fijo hasta los 30 años.
PLANES PRIVADOS Si se mantiene la tendencia empresarial de prescindir de las personas mayores de 55 años, las nuevas generaciones quedarán al borde del mínimo requerido para poder disfrutar de la prestación. Los expertos adelantan que ese colectivo será el destinatario de los planes de pensiones privados que complementen los públicos.
