El Gobierno dio ayer luz verde al nuevo plan de vivienda para el periodo 2009-2012, con el que confía en paliar en parte el derrumbe del mercado inmobiliario y en facilitar el acceso a una casa de protección oficial a los colectivos con más dificultades y, por primera vez, a parte de la clase media. El proyecto del ministerio que dirige la ministra Beatriz Corredor prevé una inversión de 10.188 millones de euros y movilizar 34.000 millones en préstamos blandos a promotores y compradores para beneficiar a un millón de familias.

Entre las novedades, las familias con ingresos anuales de hasta 45.500 euros (6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples-IPREM) podrán acceder a viviendas protegidas de tipo concertado. En el régimen de VPO especial, el tope de ingresos será de 17.472 euros. Y de 31.449 euros al año para el régimen especial, que incluye ayuda a la entrada y al préstamo.

Para afrontar los problemas del sector, el Ejecutivo ha establecido unas medidas que solo tendrán vigor el 2009. Así, las familias con una renta anual media de hasta siete veces el IPREM, es decir, 48.900 euros, podrán adquirir una vivienda concertada durante el próximo año.

Además, durante el 2009 se podrá comprar una vivienda libre terminada como si fuera protegida sin esperar a que transcurra un año. La formula será el alquiler con opción a compra después de cinco años. También se permitirá calificar como VPO para compra o alquiler las viviendas libres con licencia de construcción anterior a septiembre de este año, siempre que se ciña a los precios fijados por el plan.

El plan prevé 996.000 actuaciones en los próximos cuatro años, el 38% más que el anterior. La rehabilitación recibe un gran impulso, pues se espera que aporte 470.000 de estas obras, 3,5 veces más que en el plan anterior. Las subvenciones irán desde los 3.400 euros hasta los 6.500 euros cuando se destine al alquiler durante cinco años.

El arrendamiento es otro de los focos. El Ejecutivo espera construir 100.000 viviendas protegidas para alquiler y lograr que otras 70.000 se incorporen de las rehabilitaciones. El Consejo de Ministros modificó ayer varias leyes para agilizar los procesos judiciales de desahucio y la ruptura del contrato.